Los directores generales de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; y de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado; han rubricado el contrato con la Asociación Centro Trama para la elaboración del documento de diagnóstico social en inmuebles de tipología residencial propiedad de la empresa pública de GICAMAN (Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha), presidida por Barrado.
En la firma, celebrada en la Consejería de Fomento, han participado José Enrique Arribas, presidente de ‘Centro Trama’; Nuria Manzano, coordinadora técnica del proyecto de ‘Centro Trama’; Ramón Lara, director general de Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar Social; Felipe Cano, vocal de participación y cooperación del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha; Emiliano García y Vanessa García, ambos representantes de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ del Polígono Residencial de Santa María de Benquerencia de Toledo.
Este nuevo instrumento de integración social para las viviendas de titularidad autonómica se ha introducido recientemente a través del Decreto 41/2017 de 4 de julio, y contiene medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. Además, pretende elaborar un diagnóstico social que mejore las condiciones de vida de los habitantes y facilitar sus necesidades habitacionales diarias con la radiografía de aquellos edificios de viviendas del parque de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con alrededor de 11.000 unidades, actualmente, incluyendo, las promociones de la empresa pública GICAMAN.
La Consejería de Fomento ha contado con la colaboración de la de Bienestar Social para la elaboración de este instrumento, que será desarrollado por especialistas del ámbito social y tiene como objeto la evaluación, desde el punto de vista social como físico, del conjunto del inmueble, así como el estudio de las características y necesidades de las distintas unidades familiares usuarias de las mismas.
Así, con esta primera experiencia se evaluarán el estado y características físicas del inmueble y adecuación del mismo a las unidades familiares usuarias del mismo; adecuación del contenido y obligaciones que se deriven del régimen jurídico que rija el acceso y disfrute de las viviendas a las características de las unidades familiares usuarias del mismo; examen de las relaciones de vecindad existentes entre las distintas unidades familiares usuarias del inmueble; y el examen particular de las circunstancias sociales de todo tipo que presenten las distintas unidades familiares usuarias del inmueble. En particular, también se hará referencia a las condiciones de accesibilidad a éste.
Tras dicho examen, los redactores del diagnóstico social elaborarán para la Consejería de Fomento una propuesta global de actuación en el inmueble en aspectos tales como el estudio de las unidades familiares usuarias de las viviendas a fin de procurar la más correcta adecuación de éstas a su entorno habitacional, con propuesta de cuantas medidas procedan a tal fin; propuestas de reubicación de unidades familiares usuarias del inmueble para adecuar a sus especiales características (números de miembros) las viviendas que les sean adjudicadas; mejoras de todo tipo a realizar en el inmueble, en especial a aquellas referidas a la accesibilidad del mismo.
También, criterios para la determinación de cupos para futuras adjudicaciones de viviendas vacantes en el inmueble, principalmente respecto de colectivos de atención preferente; medidas que, en su caso, resulten necesarias para la inclusión social y laboral, la mejora de la convivencia y la cohesión social de las unidades familiares usuarias de las viviendas; y propuesta de actuaciones de toda naturaleza, incluidas las de carácter físico a realizar sobre los inmuebles que mejoren la accesibilidad y la integración cultural de las unidades familiares usuarias.
Experiencia pionera en Castilla-La Mancha
Desde el Gobierno regional se ha destacado que se trata de una experiencia pionera en Castilla-La Mancha y que trata de “realizar una radiografía del inmueble que nos permita conocer tanto su situación física como social que nos permita mejorar tanto lo uno como lo otro, recabando las demandas tanto de sus usuarios como del resto de vecinos de su barrio e intentando, en definitiva, mejorar su situación y las condiciones de vida de sus habitantes”.
Además de la participación de los distintos servicios de las Consejerías de Fomento y de Bienestar Social, estos trabajos se desarrollarán con la coordinación de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos implicados, y tendrán su primera manifestación en la ciudad de Toledo, recogiendo una petición reiterada por parte de la asociación vecinal ‘El Tajo’, de la que el director general ha dicho que “siempre han sido especialmente activos en materia de vivienda y, en particular, en la articulación de políticas sociales en los parques públicos de viviendas, siendo el del Polígono de Toledo especialmente representativo en nuestra Comunidad”.
Estas acciones se desarrollarán en los próximos meses y contarán en su realización con el asesoramiento del Colegio de Trabajo Social, al que el director general de Vivienda y Urbanismo ha mostrado su agradecimiento por “el compromiso en el ámbito social de nuestra región y la constante colaboración con la Administración Autonómica en ésta y otras importantes iniciativas en el ámbito social y de la vivienda como son las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), puestas en marcha en octubre de 2015, o la incorporación el año pasado de la figura de los trabajadores sociales en las labores de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo”.
