La totalidad de los sindicatos que componen la Comisión Negociadora han firmado el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con lo que el Gobierno regional logra el respaldo unánime de los representantes de los empleados públicos para la aprobación de este importante acuerdo.
El VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue aprobado el pasado 6 de octubre con la firma del Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT, que cuentan con mayoría de la parte social en la Comisión Negociadora.
La total integración de la parte sindical al VIII Convenio Colectivo se ha producido esta semana, con la celebración de una reunión extraordinaria de la Comisión Negociadora en la que los sindicatos CSIF y STAS han firmado el convenio.
De este acuerdo se beneficiarán unos 7.500 laborales de la Administración regional, personal que trabaja en áreas tan diversas como mantenimiento de carreteras o residencias de mayores, centros educativos y administrativos, con una incidencia directa en la atención a los servicios públicos.
El VIII Convenio Colectivo supone otro paso más en el proceso de recuperación de derechos y mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos puesto en marcha por el presidente regional, Emiliano García-Page, al inicio de la legislatura.
La negociación del nuevo convenio colectivo para el personal laboral se inició en septiembre de 2015, alcanzándose un acuerdo tras 24 reuniones con los sindicatos, lo que refleja la apuesta del Gobierno castellano-manchego por el diálogo social.
El VIII Convenio Colectivo para los laborales incorpora mejoras en los planes de recursos humanos, en el concurso permanente de traslados, en las bolsas de trabajo y garantías en la movilidad funcional y geográfica.
Igualmente, con este nuevo Convenio se avanza en aspectos como la cobertura de vacantes y bajas en servicios de atención directa a los usuarios, se recupera la indemnización por incapacidad permanente total y los complementos personales transitorios y se incorpora un protocolo de prevención de riesgos laborales.
Fruto del diálogo social el Gobierno de Castilla-La Mancha también alcanzó en febrero del año pasado un acuerdo con los sindicatos para la recuperación de las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos.
