El domingo pasado más de 150 personas participaron en una marcha revindicativa en el Valle de Manzanedo para denunciar el cierre de las vías públicas en esta zona de Burgos y, en concreto, la usurpación por un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco que permanecen vallados.
Una delegación de Ecologistas en Acción-Ciudad Real y Valle de Alcudia, junto a otras organizaciones y activistas integrantes de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), se han reunido este fin de semanaenSoncillo, Burgos, para debatir y denunciar el cierre de los caminos públicos en todo el Estado español.
La PICP está integrada por 17 asociaciones de afectados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid y Euskadi, entre otras comunidades.
El problema del cierre de los caminos públicos afecta a todo el Estado español. Este año los organizadores del encuentro han sido la asociación“HerriBideak Kate, BarikElkartea” (Caminos Libres, CadenasFuera) afectados en el País Vasco por el mismo problema.
La PICP ha elegidoesteaño el norte de Burgos para celebrar sus XI Jornadas debido a la ocupación por parte de un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, que niega el acceso a los caminos públicos, la iglesia, y el cementerio de estas pedanías en el Valle de Manzanedo.
Porello, el domingo se llevó a cabo una marcha revindicativa en la que participaron más de 150 personas activistas de las asociaciones contra el cierre de caminos públicos, llegadas de todos los puntos de España. Durante la protesta se recorrieron algunos de los caminos que el propietario tiene cerrados durante todo el año, y que permanecen vallados impidiendo el libre paso.
Escoltados por la Guardia Civil, las personas activistas que participaron en la marcha pudieron acceder, ese día, a la zona, y comprobar cómo los dos pueblos están vallados, y el cementerio y dos Iglesias (bienes públicos) han sido ocupados por el terrateniente. Una de las asistentes a la marcha, nacida en uno de esos municipios, relató como fue amenazada en una ocasión por los guardas de seguridad que custodian ahora la finca, ubicada en Fuente Humorera, y le impidieron el paso para visitar la tumba de sus abuelos.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denuncia estos hechos y pone de manifiesto que no son cierres puntuales, sino que el cierre de los caminos se repite en todo el país.
Estas undécimas jornadas han contado con la participación de técnicos para la elaboración de inventarios de caminos públicos en los Ayuntamientos, alcaldes de municipios del norte de Burgos, abogados de Ecologistas en Acción, representantes del gobierno autonómico de Baleares, donde se está ya tramitando la primera ley de caminos públicos del Estado español, y representantes del Parlamento de Andalucía donde se acaba de aprobar también una normativa sobre senderos públicos. Los portavoces de las asociaciones en defensa de los caminos han expuesto la problemática de sus territorios, donde el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en algo imposible.
Las asociaciones contra el cierre de caminos públicos denuncian también la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas,incluso la complicidad, con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales. La PICP solicita a los ayuntamientos la realización de inventarios y ordenanzas de los caminos públicos, así como y actuar de oficio, y de forma inmediata cuando un particular cierra el paso a un camino. Además, se pide la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias en cada Comunidad Autónoma para evitar su usurpación. La PICP recuerda que la ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
El mundo rural se enfrenta a una ocupación sin precedentes de los caminos públicos, vías pecuarias, sendas, montes comunales, etc., por parte de grandes propietarios privados, nuevos ricos, terratenientes y banqueros que usurpan un patrimonio natural y cultural de todos.
El objetivo de estos terratenientes es crear grandes cotos de caza y grandes extensiones de terreno que se vallan y cierran al acceso público en contra de lo que la propia Constitución española establece en cuanto al derecho a disfrutar del Medio Ambiente por parte de los ciudadanos. Todo esto ante la falta de actuación de las administraciones públicas, cuando no de su complicidad.
Por ello, desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos se pide a las administraciones públicas y al Gobierno actuar de forma rápida y contundente para proteger estos caminos y garantizar el disfrute de la naturaleza, el paisaje y bienes culturales y su acceso público para toda la ciudadanía.
