Los sindicatos CSIF y STAS han denunciado hoy en Ciudad Real la vulneración de derechos sindicales y administrativos por la Junta de Comunidades en la firma del VIII Convenio Colectivo de Personal Laboral, que en Ciudad Real afecta a unos 2.500 empleados públicos y a 7.000 en toda Castilla-La Mancha.
Estos dos sindicatos, que no han firmado dicho convenio, suscrito el pasado viernes por CC.OO y UGT, han informado hoy en rueda de prensa, de estas vulneraciones, por parte de la dirección general de la Función Pública, que junto a CC.OO, rompieron las reglas del juego y, saltándose el procedimiento, dijeron que había que firmarlo, aunque ni venía en el orden del día de la reunión.
“Los jueces determinarán la nulidad de este acto que vulnera todos los derechos sindicales” ha dicho Joaquín Sanchez, vicepresidente de Autonomía de CSIF, añadiendo que espera, “por el bien de todos los compañeros” ser convocados para firmar dicho convenio, que ellos aceptan.
Por su parte, Francisco Agarrabeitia, miembro de la comisión negociadora de este convenio por STAS, ha calificado de ”torpeza y acto antidemocrático”, haber impedido a ellos y a CSIF firmar este convenio, tras más de dos años negociando y logrando el acuerdo, recordando que están obligados por estatutos a consultar a sus compañeros la firma de todo convenio, cosa que la Junta sabe y siempre ha respetado, al igual que CSIF debe consultar a sus órganos.
“Ha hecho como Puigdemont”
Agarrabeitia ha recordado que ambos sindicatos pidieron solo dos días para consultar y que “ni el PP hizo algo parecido cuando gobernaba” añadiendo que el director general de la Función Pública de la Junta, José Narváez, ha hecho como Puigdemont, utilizando un orden del día virtual, inventado unas normas diferentes, que han dejado fuera a la mitad de la representación sindical.
El portavoz de STAS ha dicho que al no haber firmado, este sindicato y CSIF están, de momento, fuera de las comisiones del convenio, “que es lo que la Administración quería” y ha reclamado a la Junta recapacitar y evitar una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
