Gloria López de Lerma García-Rojo. Psicóloga Casa de Abraham. Cáritas Diocesana de Ciudad Real.- Según la Organización Mundial de la Salud. “Todas las personas con trastornos mentales tienen derecho a recibir atención y tratamiento de calidad a través de unos servicios adecuados de salud mental. Estas personas deberían asimismo estar protegidas frente a cualquier tipo de discriminación o tratamiento inhumano».
Nuestro sistema sanitario nacional tiene como objetivo atender a los pacientes de una manera integral y preservar la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Sin embargo, este objetivo no se llega a cumplir en muchos casos, para las Personas Sin Hogar con patología dual (personas que sufren de forma simultánea o a lo largo del ciclo vital de una adicción y otro trastorno mental). Estas personas, no solo necesitan de medicación para atajar la sintomatología, sino de una terapia integrada, que en muchos casos no se consigue por falta de coordinación entre los diferentes servicios sanitarios e insuficientes recursos estatales.
Las personas Sin Hogar sufren de un deterioro de salud a todos los niveles físicos y psicosociales, no tienen vivienda, no tienen recursos sociales, ni económicos. Muchos de ellos llevan una trayectoria de calle de varios años, que deteriora aún más su situación. Estas personas van de albergue en albergue buscando a alguien o algún recurso que les ayude a salir de su situación precaria.
Los albergues y la mayoría de los pocos recursos residenciales que existen, sólo disponen de un tiempo limitado de estancia desde dos o tres días, en el caso de los albergues o algunos meses, en el caso de los recursos residenciales. Al tener un periodo de estancia tan limitado en la localidad donde esté el recurso, la persona Sin Hogar es atendida de forma puntual en el sistema nacional de salud y al no tener domicilio fijo, no pueden completar el tratamiento. ¿Qué pasa entonces si estas personas Sin Hogar con patología dual están en un centro de residencial temporalmente? Se les atiende sólo de forma sintomática, limitando el tratamiento. En muchos casos se trata la adicción, pero el diagnostico de patología dual al ser más complejo necesita de un seguimiento más duradero, que no llega a completarse.
Por otro lado, el hecho de ser persona Sin Hogar conlleva una problemática social de calle y adicciones que sirve de pretexto a los profesionales de salud mental para limitar su campo de acción a la hora de derivar hacia algún recurso residencial. En este caso, Cáritas juega un papel importante atendiendo a estas personas, pero se ve muy limitada en su acción subsidiaria, necesitando de políticas inclusivas que complementen el cuidado de la salud mental de estas personas.
Los profesionales del sistema sanitario se ven saturados y limitados a la hora de tratar con la persona Sin Hogar, quizás por los recortes de personal sanitario y falta de recursos, por no poder acceder a la información médica del paciente que procede de otra comunidad autónoma y/o por no disponer el paciente de un domicilio fijo para poder completar el tratamiento. En estos casos, el sistema nacional de salud toma como solución limitar el tratamiento a la persona Sin Hogar y el acceso a los recursos de salud mental para una psicopatología específica.
Esta realidad que viven las personas Sin hogar tiene que llegar a las administraciones públicas para que pongan soluciones, tales como establecer más recursos residenciales de larga estancia (pisos tutelados y/o comunidades terapéuticas), desarrollar políticas para el empleo protegido, de manera que permitan tener a la persona Sin Hogar independencia económica para mantener un domicilio y desarrollar sus potencialidades, mejorar la atención médica contratando más profesionales de salud mental y mejorar la coordinación entre los profesionales de diferentes localidades y comunidades autónomas.
Por tanto, la escasez de recursos, la falta de coordinación y la falta de sensibilidad por parte de las administraciones públicas hacia las Personas Sin Hogar es una forma indirecta de discriminación y repercute en el tratamiento médico que reciben los más desfavorecidos e impide cumplir con uno de los derechos fundamentales del ser humano “atención y tratamiento de calidad a través de unos servicios adecuados de salud mental.
