La Mesa de Coordinación de Equo Castilla-La Mancha, en reunión celebrada la pasada semana, analizó la repercusión que tendrá en la política regional la entrada de Podemos en el gobierno autonómico. Los representantes del partido verde siguen muy de cerca tanto la trayectoria de estos dos años de gestión del gobierno regional como la decisión de las bases de Podemos de cogobernar con el PSOE en Castilla-La Mancha, según señalan en un comunicado.
Manifiestan que han compartido gran parte de las actuaciones políticas de Podemos en las Cortes Regionales, sin olvidar que en las pasadas elecciones regionales Equo apoyó las listas de la formación morada. Se han mostrado muy preocupados por la polémica surgida en contra de la enmienda presentada por PSOE y Podemos a la Ley de Gestión y Organización de la Administración.
“En EQUO Castilla-La Mancha no alcanzamos a comprender la razón por la que ésta tenía que ser una de las primeras medidas a adoptar, exenta de consenso social, cuando hay tanto por hacer” ha declarado Lola del Olmo, coportavoz de EQUO Castilla-La Mancha.
Por su parte, el también coportavoz de EQUO en Castilla La Mancha, Juan Carlos Ranz, se congratula de que el nuevo gobierno haya decidido consultar a los sindicatos y retirar la polémica enmienda. En Equo esperan mucho de la tarea conjunta de gobierno “porque es mucho lo que hay que trabajar en esta región para conseguir una sociedad más igualitaria y consideramos que el dialogo permanente con los agentes y movimientos sociales garantiza que las decisiones de gobierno tengan el respaldo suficiente y estén orientadas a mejorar la vida de las personas”.
Los representantes de Equo confían en que los nuevos responsables de Podemos en ese gobierno compartido trabajen por un acercamiento real a la política que necesita la gente de Castilla-La Mancha, señalando enormes retos pendientes como el Hospitalito del Rey en Toledo, la descontaminación de la zona afectada por el incendio y vertido de Chiloeches, la gestión sostenible de los recursos hídricos de la región, la despoblación rural la gestión pública de los servicios esenciales y la denegación de la explotación de minería de tierras raras en Ciudad Real.
