El Consejo de Gobierno ha autorizado el crédito 28.154.379 € para suscribir este año los 98 convenios para el desarrollo de prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria del Plan Concertado, de acuerdo con el nuevo Decreto 87/2016, del Marco de Concertación con los ayuntamientos, para municipios de más de 3.500 habitantes.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha precisado que con estos 98 convenios del ámbito del Plan Concertado termina la última de las tres fases del Marco de Concertación con entidades locales, una vez firmados los 52 convenios Supramunicipales, por importe de 7,3 millones de euros, y los 522 convenios de zonas PRAS, para pequeños municipios, por 17,2 millones de euros. En total 52.6 millones de euros destinados a Servicios Sociales en colaboración con ayuntamientos de la región, distribuidos en 672 convenios.
Entre las novedades de este año del Plan Concertado, la consejera ha explicado que en el Marco de Concertación con corporaciones locales, el Gobierno del presidente García-Page va a aportar un 17 por ciento más de presupuesto para los Servicios Sociales de Atención Primaria, pasando de 24 millones consignados en 2014 a 28,1 millones en 2017.
La segundad novedad es la mejora de la gestión, ya que “el nuevo Marco de Concertación con ayuntamientos unifica convenios, da estabilidad en la financiación y simplifica los procedimientos. Por ello, el nuevo Marco de Concertación con las entidades locales es más seguro, más simple y más fácil para la prestación de Servicio Sociales de Atención, en especial el de Ayuda a Domicilio, por parte de los ayuntamientos de la región”, ha asegurado la consejera.
Los convenios del Plan Concertado se firman por un periodo de seis años, prorrogable por otros cuatro, por lo que la financiación que se reconoce en 2017 se mantendrá como mínimo durante este periodo, y la prestación de ayuda a domicilio se actualizará al final de cada ejercicio.
Los convenios se firman de forma telemática, a través de una plataforma de internet, lo que permitirá que se suscriban en un solo convenio lo que antes se firmaba en tres, ya que incluye el Plan Concertado, PRIS/PLIS y Ayuda a Domicilio. “Es decir, un ayuntamiento, un convenio”, ha resaltado la consejera. De un total de 278 convenios y resoluciones que se suscribieron en 2016, se pasará a un total de 98 convenios en 2017, lo que supone un 65 por ciento menos.
En cuanto a la forma de pago, el primer libramiento, del 40 por ciento inicial de la aportación de la Consejería durante 2017, se realizará de forma anticipada tras la suscripción del convenio. El 60 por ciento restante de la aportación de la Consejería, se dividirá en seis libramientos de carácter mensual y de igual cuantía, que se pagarán de forma anticipada, sin necesidad de justificación previa, a partir del mes siguiente al del cobro del primer anticipo.
Más profesionales en Atención Primaria
Al vincular el desarrollo del Programa Operativo del FSE de Castilla-la Mancha 2014-2020 a los ayuntamientos con la incorporación de Equipos Técnicos de Inclusión Social, se incorporan, dentro del Plan Concertado, 34 Equipos de Inclusión Social en todas las provincias, lo que ha supuesto la contratación de 59 profesionales y cuatro Equipos de Barrio, incorporando 8 profesionales.
Aurelia Sánchez ha subrayado que “en total son 67 los profesionales nuevos que se incorporan a los Servicios Sociales de Atención Primaria. Había 610 profesionales, con estos 67 pasan a ser 677 profesionales en total, un 11 por ciento más”.
La consejera ha explicado que en el Marco de Concertación con corporaciones locales y en el ámbito del Plan Concertado “el Gobierno del presidente García-Page va a aportar un 17 por ciento más de presupuesto para los Servicios Sociales de Atención Primaria, pasando de los 24 millones en 2014 a 28,1 millones en 2017”.
Con lo que “vamos a conseguir asegurar y afianzar los Servicios Sociales de Atención Primaria, establecer un nuevo contexto de relaciones con las Entidades Locales para la prestación de los Servicios Sociales, simplificar y agilizar los procedimientos de formalización de los convenios, proporcionar mayor estabilidad financiera, de 6 a 10 años, a las corporaciones locales y dotar a los Servicios Sociales de más profesionales”, ha concluido Aurelia Sánchez.