Ecologistas en Acción Ciudad Real.- La declaración de impacto ambiental positiva formulada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el BOE del pasado 21 de marzo, y la más reciente autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, favorables ambas al proyecto del Aeródromo de la finca La Caminera, en Torrenueva, certifican la desprotección de nuestro territorio más valioso, el escaso apego a la legislación medioambiental y el buen trato del Gobierno regional a influyentes empresarios.
La concesión de los permisos al aeródromo es el último capítulo de una oscura trama de irregularidades que arrancó hace más de diez años, cuando varias organizaciones conservacionistas alertaron de la construcción de un complejo hotelero de lujo y un campo de golf anexo. Ecologistas en Acción-Ciudad Real denunció en su día el carácter ilegal de las obras, así como la misma concepción del proyecto al haberse fragmentado en dos: uno para el hotel y otro para el campo de golf, una tramposa argucia para sortear mejor los trámites ambientales. Finalmente el hotel, a pesar de ese artificio en supuesto fraude de ley, fue autorizado, aunque a fecha de hoy se encuentra cerrado por deficitario. Las dos declaraciones de impacto ambiental negativas del campo de golf no han bastado para impedirle funcionar, promocionándose muy bien en eventos turísticos, a la espera de su definitiva autorización.
Este cúmulo de despropósitos tiene su continuación en el visto bueno a la calificación urbanística y construcción de un aeródromo privado de 1500 metros de pista en un lugar de elevado interés ecológico, un mosaico de monte mediterráneo, cultivos agrícolas y pastizales, colindante con la ZEPA “Áreas esteparias del Campo de Montiel”. Se da la circunstancia de que los terrenos comprendidos se encuentran dentro de una zona de dispersión de águila imperial ibérica y de un área de reintroducción del lince ibérico.
Los incumplimientos e irregularidades en La Caminera han sido sistemáticos y continuos; sin tratar de ser muy exhaustivos, destacaremos que como medida compensatoria a la construcción del hotel se impuso a Promociones Sagemar S.A la modificación de un tendido eléctrico – del cual es titular la propia finca- al constituir un punto negro para la electrocución de rapaces en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el águila perdicera. El empresario al frente de la mercantil, el catalán Salvador Salles, no solo desobedeció la ejecución de esta medida compensatoria sino que además, impidió que el tendido eléctrico fuese corregido por otras vías. Tras la muerte de más de 10 águilas perdiceras y 5 águilas imperiales en los últimos años, además de decenas de otras aves amenazadas, el tendido sigue causando bajas, sin que el empresario haya sido sancionado, a pesar de las intervenciones del Seprona motivadas por denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción-Ciudad Real.
Con las autorizaciones concedidas por las diversas administraciones de las que depende la regularización de la infraestructura y la actividad contemplada, probablemente se premia el fraude de ley, así como el daño al medioambiente y al procomún, todo con la connivencia y negligencia del Gobierno regional.
En asuntos relacionados con la ordenación y gestión del territorio, no solamente no se respeta la ley sino que se permite con cierta benevolencia la violación de todo principio de precaución, al decidir acometer nuevos proyectos con un considerable impacto ambiental. Un ejemplo palmario lo tenemos en La Caminera.
