El director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, ha firmado ya más de la mitad de los 52 convenios supramunicipales de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha para municipios que en su mayoría no superan los 3.500 habitantes, cuyo gasto de 7,3 millones de euros aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 4 de julio.
Ramón Lara ha confirmado que la puesta en marcha, por primera vez este año, de la tramitación telemática de los convenios ha agilizado considerablemente el proceso de firma, que se produce de forma instantánea, una vez que han sido rubricados por los respectivos alcaldes.
El director general ha ratificado que, en lo referente al Servicio de Ayuda a Domicilio, el importe de los convenios “se mantiene respecto al número de horas de Ayuda a Domicilio que cada ayuntamiento disfruta en la actualidad, garantizando así la atención de todas las personas usuarias del servicio, sin necesidad de reducir las horas por la no aprobación del Presupuesto 2017”.
Ese mantenimiento del número de horas de Ayuda a Domicilio es posible porque “el Gobierno del presidente García-Page va a aportar tres millones de euros adicionales al presupuesto 2017, que va a pasar de 36 a 39 millones de euros y que va a permitir atender con 320.000 horas de auxiliares a las 1.600 personas beneficiarias y a los 100 auxiliares de Ayuda a Domicilio incorporados en el último trimestre de 2016”, ha confirmado Ramón Lara.
Buena acogida de la concertación única
El director general de Acción Social y Cooperación ha confirmado que está teniendo muy buena aceptación, por parte de los alcaldes que ya han firmado sus convenios, la unificación del Marco de Concertación con entidades locales que ha puesto en marcha el Decreto 87/2016, de 27 diciembre, para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en la región, que se ha iniciado con los 52 convenios de carácter supramunicipal, de los que 41 superan los 100.000 euros de aportación por parte de la Consejería de Bienestar Social.
Ramón Lara ha recordado que la puesta en marcha de esta nueva concertación única con las entidades locales ha posibilitado reducir a la mitad el número de convenios firmados, que han pasado de 104 que se suscribieron en 2016 a un total de 52, en los que se aborda la exclusión social “con un carácter de mayor permanencia”, ya que no se firman por un año como hasta ahora ocurría sino por un mínimo de seis, prorrogables por otros cuatro años.
Menos trámites en un futuro
“Además va a reducir los trámites, ya que a partir de esta firma solo será necesario actualizar el anexo de financiación, cada año”, asegura Ramón Lara, que recuerda que a partir de ahora se simplifica el proceso de justificación, ya que únicamente será necesario presentar la justificación final.
