El sindicato CSIF estima que Castilla-La Mancha perdió en el segundo semestre del pasado año 4.839 empleados públicos, 1.556 de ellos en Ciudad Real, según datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas a enero de 2017, que edita el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Para CSIF, estos datos indican que lejos de revertirse la destrucción de empleo en la Función Pública se constata que la región ha perdido 4,6 trabajadores públicos al día en los últimos ocho años y por ello, la comunidad autónoma cuenta con 118.021 adscritos al sector público, siendo la Administración Local y la Sanidad los ámbitos más afectados, mientras que la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma presentan descensos menos significativos.
La Administración Local supone el porcentaje más alto (-21%) de destrucción de empleo con 8.210 trabajadores menos, seguido por la Sanidad (-5.5%) con 1.435 puestos de trabajo perdidos y la Universidad de Castilla-La Mancha perdió 321 empleos y 260 en la Administración General del Estado.
La Administración General de la Comunidad Autónoma (personal adscrito a las consejerías y organismos autónomos) ha crecido en 37 personas y la docencia no universitaria aumentó en 5.332, número que corresponde a la contratación de los interinos despedidos en verano, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que continúa con esta práctica.
Provincias
Por provincias, Toledo es la que mayor número de empleados públicos ha perdido con 1.587; Ciudad Real cuenta 1.556 trabajadores menos; Albacete ha registrado 1.363 personas menos en la Función Pública; en Cuenca se han perdido 167 empleos; en Guadalajara, 166.
Para CSIF, esta disminución del número de empleados públicos supone una merma fundamental en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y muestra asimismo la temporalidad a la que está sujeta la Función Pública en la región. El envejecimiento de las plantillas, deficitarias en número, obliga a realizar una apuesta firme por parte de los representantes políticos para garantizar el sostenimiento del sector público y, en definitiva, de la sociedad de bienestar.
