La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige la extinción del contrato que mantiene la Junta de Comunidades con el servicio de mutualidad de asistencia sanitaria, por su inadecuada gestión y falta de recursos humanos y materiales.
El sindicato ha solicitado «sin éxito, en numerosas ocasiones desde 2013», la comparecencia de un representante de Solimat en el Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Comunidades, máximo órgano en materia de salud laboral de la región, para dar explicaciones e información sobre su gestión como mutua de los trabajadores de la Administración regional.
CSIF subraya «graves problemas estructurales» como la obligación de los usuarios de determinadas localidades de realizar largos desplazamientos para ser atendidos, así como «errores graves en el diagnóstico motivados por la alarmante falta de personal». Asimismo, también se está produciendo «una errónea gestión de las bajas al ser consideradas como accidente no laboral a pesar de ser debidamente acreditadas, e incluso se concede el alta médica sin estar el paciente restablecido».
Para CSIF también resulta especialmente relevante el hecho de que Solimat «no haya declarado en cuatro años ni un solo caso de baja por riesgo psicosocial: estrés, ansiedad, depresión… por motivos del trabajo. La mutua, en una actitud irresponsable, no lo considera como enfermedad profesional».
CSIF observa con alarma la externalización de servicios y la privatización de los mismos y por todos estos motivos reclama que se gestionen las bajas laborales y se atienda a los trabajadores a través del Sescam.
Criticas a Nicolás
Para CSIF, el presidente de Solimat, Ángel Nicolás, ha mostrado una «absoluta falta de respeto» hacia los trabajadores públicos cuando apuntaba recientemente al fraude y a la elevada edad de los trabajadores como causas del incremento del absentismo laboral cuando en realidad la gestión de Solimat cuenta con numerosos puntos oscuros.
En definitiva, Nicolás se está mostrando «como un administrador ineficaz a pesar de contar con una retribución económica anual de entre 88.000 y 110.000 euros, según objetivos, además de que como presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha recibido cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno regional, más de 4 millones de euros junto a CCOO y UGT en el último año».
Eso estamos esperando los empleados públicos de la JCCM, desde que Cospedal le dio el contrato.