El exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, ha reivindicado «su buen nombre y la excelente gestión realizada entre 1999 y 2011», que es «precisamente lo que se quiso arruinar con la querella» interpuesta por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, que entonces gobernaban en la localidad, que ha personificado en Diego Ortega, Ángel Puente, Ángel Montealegre y Mariano Ormeño.
Según ha manifestado, «montaron una querella política con el objetivo claro de echarnos de la política, buscar una coartada para vender Aguas de Alcázar cuando no era necesario y arruinar nuestro nombre, nuestro prestigio y el del PSOE».
Con el auto del Juzgado número 1 de Alcázar de San Juan «queda acreditado», en opinión de Sánchez Bódalo, que tanto PP como CxA «iniciaron una campaña de acoso y derribo contra mi persona, así como contra los trabajadores municipales honestos y honrados», y los entonces concejales de Hacienda, Ana Belén Tejado y del Ciclo Hidráulico y gerente de Aguas, Benito Montiel y técnicos municipales, que han estado presentes en la rueda de prensa.
Cinco años de lo que ha definido como un «calvario, sometidos al desprestigio y el descrédito de ser llamados reiteradamente imputados», con acusaciones que «han quedado desmentidas en el auto dictado por el juez» que, en palabras del exalcalde «no ha considerado como delito aquello por lo que fueron imputados, ni siquiera como indicio de delito». Por ello, esta resolución judicial ha sido el sobreseimiento provisional sin que haya «ninguna sentencia».
Para Ana Belén Tejado, los trabajadores sufrieron «humillaciones y degradaciones» además de ser acusados de «colaboracionistas» con el anterior Gobierno Socialista. «Hoy es momento de presumir de esa gestión en la que ahora un juez dice que no hay indicio de delito», sino que se trató de «un montaje para aniquilar políticamente a los anteriores gestores».
Benito Montiel, exgerente de la empresa Aguas de Alcázar, se ha sumado a las declaraciones de Sánchez Bódalo y Tejado, señalando que la querella era «política con una coartada clara, la venta de la empresa», sobre la que ha defendido que era una empresa «bien gestionada, con control de los técnicos municipales, así como de los servicios técnicos del Ayuntamiento».
Según ha declarado, el auditor ya manifestó en su día que se trataba de «una empresa que no estaba endeudada, que sólo tenía un acuerdo de compensación que tenía que cumplir con el Ayuntamiento», algo «fácil de hacer» en su opinión.
«La empresa de Aguas tenía un valor en el mercado importante, con mucha inversión, con técnicos cualificados, con una inversión en innovación de red de agua, de red de saneamiento, en telecomunicaciones, una planta depuradora nueva y un sistema de ahorro de energía» que funcionaba «perfectamente y se vendió por un precio ridículo», ha subrayado.
Montiel ha valorado la venta como «una pena» al haber quedado gestionada por una empresa con la que «los vecinos no reciben más en prestación y absolutamente nada en inversión».
El auto del Juzgado ha abarcado 47 folios y 16 legajos de información, según ha puntualizado Sánchez Bódalo, que «desmonta todas y cada una de las acusaciones» en un caso que «no ha llegado a juzgarse», ya que con la documentación aportada «no se ha apreciado indicio de delito».
«Doscientos mil euros» invertidos por PP y CxA en «dos despachos de abogados para escribir el relato verosímil de la querella que ha costado cinco años desmontar», además de «dos informes periciales», en palabras del exalcalde.
De momento, Sánchez Bódalo ha negado la posibilidad de presentar una querella contra los acusantes en la causa, «en 12 años no hemos puesto una querella a nadie y ahora tampoco estamos para hacerle gastar a la justicia y a los ciudadanos españoles dinero en procedimientos que no van a ningún lado».
En referencia a un posible recurso por parte de FCC Aqualia, la actual empresa gestora en un 52% de Aguas de Alcázar, el exedil ha manifestado que «los expertos nos han dicho que este sobreseimiento provisional es definitivo, ya que es algo que no ha llegado a juzgarse y sobre este caso nunca habrá una sentencia definitiva» que cuenta con un «informe favorable a nuestros intereses por parte del Fiscal y con un auto del Juez dejando milimétricamente atado todo». Por lo que al considerar que esta querella ha tenido un cariz «intencionadamente político», han descartado que Aqualia haya barajado este objetivo.
