El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presidido la reunión de la comisión de seguimiento del Eje 7 de Agricultura y Sostenibilidad dentro del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, en la que ha destacado la reciente aprobación de 1.170 expedientes de jóvenes que se van a incorporar a la actividad agrícola o ganadera en Castilla-La Mancha, “una cuarta parte de mujeres”, con la relevancia que implica para el desarrollo rural.
Martínez Arroyo también ha puesto de manifiesto la apuesta del Gobierno regional en el impulso de la industria agroalimentaria en la que se han puesto en marcha dos exitosas convocatorias de ayudas FOCAL, una primera dotada con 50 millones de euros “que movilizó 300 de capital privado” y otra muy reciente de 70 millones de euros “que ha conseguido movilizar cerca de medio millón de euros de inversión privada”.
En este sentido, el consejero ha detallado que en la última convocatoria de ayudas FOCAL va a beneficiar a 408 empresas de Castilla-La Mancha por sus proyectos presentados para invertir en el sector agroalimentario de la región y ha asegurado que “hemos conseguido movilizar 407 millones». En Toledo 141 empresas invertirán 169,4 millones de euros; en Ciudad Real 106 invertirán 127,8 millones de euros; en Albacete 84 empresas invertirán 49,7 millones de euros; en Cuenca 63 empresas invertirán 45,7 millones de euros, y en Guadalajara 14 empresas invertirán 14,1 millones de euros. En total, todas estas empresas y cooperativas recibirán 70 millones de euros de ayudas a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Martínez Arroyo ha recordado que uno de los objetivos del Gobierno regional es aumentar la facturación en el conjunto del sector del vino, tal y como anunció hace unos días el presidente Emiliano García-Page. “Queremos pasar de los 1.000 millones de euros que tenemos en este momento a 2.500 millones de euros dentro de 10 años” y esto es posible, ha garantizado, “sólo desde la planificación sectorial y, particularmente, desde la integración de las empresas cooperativas». Para ello, en diciembre pasado, el Gobierno regional aprobó el Decreto que define la facturación mínima de las Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR); una medida que influye de forma “tajante” desde la perspectiva de las bodegas, fundamentalmente, de las empresas cooperativas.
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha manifestado que para el sector vitivinícola, el Gobierno regional ha establecido en 45 millones de euros la facturación mínima que tienen que tener las entidades resultantes de los procesos de integración comercial de varias cooperativas “para obtener más ayudas, por ejemplo, en la línea de inversiones en bodegas”. También influirá en que los socios de las cooperativas tengan más ayudas cuando las soliciten de forma individual, por ejemplo, en la incorporación de jóvenes agricultores, en la modernización de explotaciones y en todas las que sea posible según la normativa. A su juicio, esto es muy importante porque el objetivo, dentro de la planificación impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page, es que las bodegas tengan mayor tamaño y sean capaces de negociar mejor en la cadena alimentaria.
En esta materia, Martínez Arroyo ha mostrado su intención de seguir apostando por la calidad, “incrementando nuestras ventas, sobre todo al exterior, de vino embotellado y de denominación de origen”, siendo conscientes de que el sector del vino de Castilla-La Mancha “está haciendo los deberes y es cada vez más competitivo”.
Interlocución con los agentes sociales
Al igual que ya hicieron los sindicatos CCOO y UGT, constituyendo una federación específica para el sector agroalimentario; el consejero ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) para que dentro de la organización empresarial haya una interlocución clara para este sector, “que haya una federación de industrias regionales dentro de CECAM, que pueda trabajar con nosotros, como hacemos con Cooperativas Agro-Alimentarias, y para remar todos juntos en la misma dirección que es aumentar la facturación de un sector que es fundamental para la economía de la región” y que representa el 13 por ciento del Producto Interior Bruto.
Defensa de una política de agua de Estado
A preguntas de los periodistas respecto a la política “trasvasista” del Gobierno central, Martínez Arroyo ha respondido que «es necesario ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas para tomar decisiones en materia de agua”. Una cuestión muy importante porque “si de algo depende el futuro de esta región, si de algo depende el futuro de nuestro país, es del desarrollo económico vinculado al agua”.
Así, ha concluido, “sin agua no hay desarrollo económico y eso lo saben bien en Castilla-La Mancha los agricultores y la industria agroalimentaria». Por lo que ha tendido la mano para que, de una vez por todas, se establezca una interlocución y se lleve a cabo una política de agua de Estado.
