La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha pedido al Gobierno de España que “marque una línea clara sobre cual tiene que ser la relación de los maltratadores con sus hijas e hijos menores de edad” y que exista una posición explicita y contundente. Así lo ha señalado durante la IV reunión del Grupo de Trabajo en el Marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha tenido lugar en Madrid.
Martínez ha destacado que el Ejecutivo regional ha trasladado una petición a la delegada del Gobierno contra la violencia de género sobre este asunto, tras las declaraciones del portavoz del Gobierno de España en relación a los regímenes de visita de los maltratadores.
En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha insistido en que “estamos en contra de que estos puedan tener contacto con sus hijas e hijos menores” y ha añadido que “debería ser una cuestión de sentido común y que no se traslade a los grupos parlamentarios”.
Araceli Martinez se ha referido también al Pacto de Estado contra la violencia de género y ha subrayado que “el debate está en el Congreso de los Diputados que es donde está representada la soberanía popular y que no sólo se trata de consensuar puntos de vista diferentes, hay que consensuar sobre todo presupuesto ya que luchar contra la violencia de género no es gratis. Esta lucha debe tener un respaldo económico con el fin de aumentar los recursos de los que deben disponer las víctimas de violencia de género y que las campañas de prevención y sensibilización sean efectivas».
Además, ha recalcado que es necesario “poner sobre las mesa algunas cuestiones que son reivindicaciones históricas de organizaciones feministas y de mujeres, y empezar a trabajar buscando acuerdos en los que se atienda no sólo las consecuencias de la violencia de género sino las causas de la misma que es el sistema patriarcal y el machismo que lo sustenta».
La responsable del Instituto de la Mujer ha explicado que “la lucha contra la violencia de género, al igual que las políticas de igualdad, debe ser trasversal y deben estar implicadas todas las áreas de Gobierno con el objetivo de eliminar los estereotipos arraigados y romper los roles sexistas que legitiman la violencia hacia las mujeres y perpetúan las desigualdades».
