El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha emplazado a mantener nuevas reuniones con los sindicatos que suscriben el Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo para consensuar si aprobarlo ya o esperar a que la Administración del Estado presente la demanda contra las cláusulas sociales.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha anunciado a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido hoy con el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco De la Rosa, en la que han analizado todas aquellas cuestiones que se están negociando con los representantes de los trabajadores de la Junta de Comunidades, así como las repercusiones que tiene para los empleados públicos la no aprobación de los Presupuestos Regionales para 2017.
Respecto al Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo, Ruiz Molina ha destacado que, aunque se debería haber firmado ya, aún no se ha hecho porque se está esperando a que la Administración del Estado presente la demanda contra las cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, dado que estas también estarán incluidas en el Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional desconoce en qué aspectos se basó la Abogacía del Estado para, a instancias de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra las cláusulas sociales, ya que, de momento, no ha presentado la demanda.
Ante esta situación, en la reunión con De la Rosa se ha acordado, tal como ha detallado Ruiz Molina, que el Gobierno regional se vuelva a reunir con los sindicatos que suscriben el Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo para consensuar “si consideramos o no oportuno aprobar el Acuerdo de Estabilidad, que está prácticamente ultimado con CCOO y con UGT, o bien nos esperamos a que la Administración del Estado presente la demanda con las cláusulas sociales que consideran que no se ajustan a derecho”.
En relación con las repercusiones que tiene la no aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017, por el voto en contra del PP y de Podemos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mencionado la imposibilidad de iniciar la recuperación del 1,5 por ciento de la llamada ‘tasa Cospedal’.
Ruiz Molina ha explicado en este sentido que “no se puede poner en vigor, desde el punto de vista jurídico, porque exige una modificación de la Ley y, desde el punto de vista financiero, porque no estaba contemplado en el presupuesto de 2016 y, en consecuencia, no se puede hacer frente con un presupuesto prorrogado”.
Asimismo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que también se ha puesto de manifiesto a los representantes de CCOO en la reunión que determinadas decisiones adoptadas el año pasado por el Gobierno regional como, por ejemplo, la reducción de ratios en materia educativa, no tienen su reflejo presupuestario en el presupuesto prorrogado de 2016, “por lo cual vamos a tener que hacer modificaciones de crédito para este tipo de decisiones”.
Una situación, ha continuado Ruiz Molina, que también afecta a las obras de infraestructuras fundamentalmente sanitarias, que “se firmaron en ejercicios anteriores y que tienen su correspondiente anualidad en el ejercicio de 2017 y que esa anualidad es independiente de que se aprueben o no los presupuestos”.
Además, también se tendrán que acometer modificaciones presupuestarias para hacer frente a otras decisiones que puede adoptar la Administración del Estado, como puede ser el incremento de las retribuciones un 1 por ciento a los empleados públicos, que está incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y que tampoco estaba previsto en el presupuesto de 2016, que ahora está prorrogado.
Según ha considerado el consejero, se pueden hacer modificaciones de crédito para suplir la falta de crédito para hacer frente a decisiones que bien nos vienen impuestas por parte del Estado o bien son consecuencia de decisiones que hemos adoptado en el ejercicio anterior y que tienen su repercusión en 2017 con un presupuesto que es el de 2016.
