El Juzgado de Instrucción nº1 de Valdepeñas ha decidido citar como investigados al jefe de la Comisaría Local de ese municipio y al responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la misma plantilla para tomarles declaración el 28 de abril en el marco de unas diligencias previas tramitadas por un delito contra la integridad moral por parte de autoridad o funcionario.
Según asegura el sindicato de la Confederación Española de Policía (CEP), la citación es consecuencia de la denuncia interpuesta por un policía nacional, afiliado y Secretario Local de CEP en esa Comisaría, que puso en conocimiento del juzgado toda una serie de actuaciones protagonizadas por ambos mandos que, durante seis años, «han llegado a alterar hasta tal punto su normalidad laboral que ha sido necesario que este agente, con 22 años de servicio en el Cuerpo, recibiera asistencia psicológica ante los reiteradas vejaciones padecidas»
Según el CEP, en la denuncia admitida por el juzgado y que ahora desemboca en la toma de declaración como investigados (el equivalente a imputados) de los dos mandos, se califica la conducta de los mandos como «acoso laboral sin paliativos, debido al ‘marcaje’ gratuito y sistemático al que fue sometido» el agente.
El CEP asevera que «entre los comportamientos achacables a ambos mandos, y que se suceden desde la llegada del jefe de la Comisaría Local a ese destino, destacan los continuos cambios injustificados de turno y de jornada laboral; los cambios injustificados de compañeros; la emisión de órdenes de servicio sobrecargadas de controles sólo cuando prestaba servicio este policía; el nombrarle servicio incluso cuando se encontraba de baja laboral; ignorarle y negarle el saludo continuamente, haciendo incluso comentarios despectivos sobre él en presencia de otros funcionarios; o solicitarle, sólo a él y por escrito,
explicaciones por supuestos retrasos en el servicio o las prácticas de tiro».
«Todo ello», prosigue, «acompañado, por ejemplo, de la negativa a reconocer profesionalmente intervenciones meritorias del agente que, por el contrario, eran despreciadas e incluso cuestionadas».
«Más aún, el policía sufrió, según la denuncia, una vigilancia obsesiva y hasta enfermiza del sistema de geolocalización de su vehículo patrulla, solicitándole los mandos explicaciones por escrito sobre detalles mínimos y llegando incluso a abrirle un expediente disciplinario acusándole de apagar indebidamente la emisora del turismo (expediente que fue archivado al demostrarse que el equipo de comunicaciones presentaba continuos fallos de funcionamiento, al igual que los de otros vehículos)», puntualiza CEP.
A su juicio, «en el colmo del surrealismo, el agente se vio obligado a tener que tramitar el registro de escritos desde la Comisaría Provincial de Ciudad Real al serle negado ese derecho en Valdepeñas. Pese a haber denunciado ese grave hecho tanto ante el Comisario Provincial como ante el Jefe Superior no procedieron a la adopción de medidas disciplinarias contra los mandos de la Comisaría Local».
Según CEP, «apoyado en sus más de 22 años de carrera, el denunciante, que además ha contado con el apoyo de sus compañeros -cinco de ellos, por ejemplo, han testificado a su favor para acreditar su calvario en la Comisaría- y de toda la estructura provincial y regional de la Confederación Española de Policía, cuenta con intervenciones policiales meritorias que incluso han sido publicadas en los medios de comunicación (auxilio a un bebé, en diciembre de 2013; o evitar un linchamiento multitudinario, entre otras)».
«Pese a las denuncias internas iniciales ante la Comisaría Provincial de Ciudad Real y la Jefatura Superior de Castilla la Mancha, ha tenido que ser un Juzgado de Instrucción el que abra diligencias previas por estos hechos, ordenando la toma de declaración de los dos máximos responsables de la Comisaría de
Valdepeñas en calidad de investigados», señala la nota.
«La asistencia letrada del agente, de la mano del prestigioso despacho Suárez-Valdés, ha dejado en evidencia el mal funcionamiento de los mecanismos internos de la Dirección General de la Policía para investigar este tipo de vejaciones y acosos», concluye.
