El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, han coincidido hoy en señalar que la no aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017 supone “un retroceso” en el proceso de recuperación de derechos de los ciudadanos, fundamentalmente, en lo relacionado con el Estado de bienestar.
Tanto el titular de Hacienda y Administraciones Públicas como la representante de UGT así lo han manifestado tras el encuentro que han mantenido hoy para valorar las consecuencias de la no aprobación de los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2017.
Ruiz Molina ha subrayado que se había elaborado un proyecto de Ley de Presupuestos para este ejercicio que destinaba el 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social, es decir, “siete de cada diez euros se destinaban a recuperar los derechos de los ciudadanos y en esta situación no se va a poder llevar a cabo y va a suponer, lógicamente, una ralentización en ese ritmo que se habíamos planteado de recuperación de derechos de los ciudadanos”.
Un presupuesto, ha explicado Ruiz Molina, que era la segunda anualidad de un plan de recuperación económica y social, que, además de consolidar el esfuerzo presupuestario en gasto social, contenía importantes instrumentos al servicio del crecimiento económico y, por tanto, de la creación de empleo.
En este sentido, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que ha trasladado a los representantes de UGT que “no solamente se trata de que haya servicios públicos que se verán afectados, sino que se verá afectada la economía regional en su conjunto porque, precisamente, este presupuesto trataba de hacer compatible un objetivo de recuperación social, un objetivo de recuperación económica y, al mismo tiempo, como se ha demostrado en el ejercicio de 2016, el mantenimiento de unas cuentas públicas saneadas, que permitiera cumplir el objetivo de déficit al mismo tiempo que se paga más rápido a los proveedores”.
Ruiz Molina ha insistido en que “todo esto estaba pactado con el grupo parlamentario Podemos”, al que se le había enseñado “con el mayor detalle” cuál era el diseño presupuestario que el Gobierno consideraba más adecuado para hacer posible la recuperación económica y social de la región. Además, también se discutió cuál era el montante más adecuado para el Plan de Garantías Ciudadanas, “que ahora también queda en el aire como consecuencia de la no aprobación de los presupuestos”.
Con las cuentas regionales, ha añadido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, en definitiva, lo que se decide es cómo se devuelve a los ciudadanos el dinero que han pagado a través de sus impuestos y el Gobierno de Emiliano García-Page había optado por devolverlo de forma directamente proporcional a las necesidades de quienes peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica.
Así, ha puesto en valor Ruiz Molina, que el presupuesto que presentó en su día junto al diputado de Podemos Castilla-La Mancha David Llorente era el que “considerábamos ambas fuerzas políticas que era el mejor para los ciudadanos”. Por ello, Ruiz Molina ha señalado que “Podemos debe recapacitar y partir de la base de que había llegado a un acuerdo y, por lo tanto, cumplir el acuerdo”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que el presupuesto de 2017 recogía un incremento a los empleados públicos del 1,5 por ciento salarial, que suponía el inicio de la devolución de la llamada ‘tasa Cospedal’ y que no se va a poder llevar a cabo.
Además, se deberán realizar modificaciones de crédito importantes si, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyen una subida del 1 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos, ya que es normativa de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas. Unas modificaciones que también serán necesarias para mantener la reducción de ratios que aprobó el Gobierno regional para el último trimestre de 2016 y todo el ejercicio de 2017
Por su parte, Campoy ha indicado que la no aprobación de las cuentas regionales para 2017 supone un grave ataque a la contratación en general y también un retroceso en lo que conocemos como el Estado de bienestar.
“Todo lo que estaba planificado, por ejemplo, en infraestructuras sanitarias, en colegios, todo eso se ha quedado ahora en el aire; y la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, algo muy importante, también se nos ha quedado en el aire”, ha añadido Campoy al respecto.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha también ha resaltado que “no puede ser que nosotros teníamos esperanza de que estas fuerzas políticas de esta Comunidad estaban trabajando en conjunto, y que se hagan declaraciones y las hagan los propios partidos diciendo que recibieron instrucciones poco tiempo antes, esto es mucho más serio, es la realidad del día a día”.
