La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha informado sobre el nuevo decreto de medidas del que tomaba ayer conocimiento el Consejo de Gobierno que preside Emiliano García-Page y que pretenden facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. Según ha explicado la consejera, el Decreto se aprobará con carácter definitivo entre abril y mayo.
De la Cruz ha indicado que la región cuenta con un importante número de viviendas protegidas de primera transmisión que fueron ejecutadas por promotores para su venta pero que no encuentran comprador final, fundamentalmente debido a la desaparición de las ayudas de que antes gozaban este tipo de viviendas tanto para su ejecución como para su venta y que fueron suprimidas en la anterior Legislatura, así como en las dificultades de acceso al crédito hipotecario en los últimos años para muchos ciudadanos. El nuevo decreto sigue la senda de la normativa estatal para que aproximadamente 2.000 viviendas que componen el stock prolongado de viviendas protegidas en toda Castilla-La Mancha puedan encontrar un uso.
Por ello, este proyecto normativo establece mecanismos que facilitan el acceso a la vivienda protegida a determinados colectivos, algunos especialmente sensibles como los mayores de 65 años o desfavorecidos como las víctimas de violencia de género, que siguen demandando vivienda protegida, consiguiendo además que encuentren comprador final y evitando que queden desocupadas por un tiempo prolongado, algo que además produce un deterioro irreversible de los inmuebles.
El nuevo Decreto del Gobierno regional actúa en un doble ámbito. Por un lado, hace referencia a las viviendas de protección oficial, reduciendo los requisitos personales que se les venía requiriendo a los posibles adquirentes. Esto posibilitará que acceda a dichas unidades un mayor número de personas, en particular aquellos que tienen una necesidad de vivienda en un ámbito geográfico distinto del de origen, bien sea por motivos laborales, familiares, de salud o de otra naturaleza.
Mayor precio que libres
En cuanto a otro grupo de viviendas protegidas, el Gobierno regional ha detectado que los precios superan en muchos casos al de mercado libre en las localidades que albergan las promociones. Por este motivo, se prolongará por seis meses la posibilidad, ya recogida por el Estado en el Plan de Vivienda 2013-2016, de proceder a su desclasificación, convirtiéndolas en viviendas libres. Para ello se deberá acreditar la ausencia de posibles compradores en el originario régimen de protección.
El Decreto, según De la Cruz, presenta también una serie de medidas de índole social que tratan de facilitar el acceso a la vivienda protegida a colectivos especialmente sensibles. Así, se incorpora la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro, representantes de relevantes intereses sociales, colaboren con la Administración regional mediante la asunción temporal de la gestión directa de viviendas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El principal beneficio es que puedan ser destinadas en alquiler protegido a personas o familias en situación de especial necesidad de vivienda por razones de salud, discapacidad o exclusión social, entre otras circunstancias.
Se contempla igualmente que la familia de un discapacitado pueda aportar la vivienda protegida al patrimonio de la persona con discapacidad, conforme a la ley 41/2003 de protección patrimonial de personas con discapacidad, facilitando una provisión de recursos que pueda tener la necesidad de utilizar en el futuro.
Como novedad, respecto a la pasada legislatura se incluyen medidas que favorecen el acceso a viviendas de promoción pública en régimen de compraventa a colectivos con menores ingresos y que habitan en estas viviendas en régimen de alquiler, a través del ejercicio del derecho de opción de compra. La posibilidad de optar por la adquisición puede beneficiar potencialmente a unos 5.000 inquilinos.
También contempla aquellos casos en los que el régimen se invierta, estableciendo la posibilidad de que unidades destinadas inicialmente a la compraventa se habiten mediante un alquiler social, permitiendo que las familias castellano-manchegas con graves dificultades económicas puedan continuar disfrutando de una vivienda digna cuando no puedan acceder a ella en régimen de compraventa.
Finalmente, se mejoran los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública a favor de colectivos preferentes, reforzando el papel ahora fundamental tanto de los servicios sociales como de las comisiones provinciales de Vivienda. El Decreto regula el contenido de los informes sociales requeridos para que aborden cada caso concreto. Respecto a las comisiones provinciales de Vivienda, se las habilita para que establezcan criterios previos, basados en criterios sociales al objeto de que las adjudicaciones logren la mejor adecuación entre las viviendas de protección pública, su entorno y sus posibles adjudicatarios. “Queremos pasar de una gestión patrimonial a una gestión que piensa en primer lugar en las personas”, ha afirmado la consejera.
Este Decreto entra dentro de las medidas políticas tendentes a evitar la existencia de viviendas protegidas vacías o sin destino efectivo, así como a favorecer el alquiler como una nueva forma de acceso y tenencia de vivienda habitual. El compromiso del Gobierno regional es el de promover el mejor destino de los parques públicos de vivienda en atención a los colectivos más vulnerables.
