La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha dirigido una carta al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento en la que le solicita reducciones tarifarias para el transporte público regular de viajeros en los peajes del semicírculo Sur de Madrid con afectación a las rutas de la red viaria castellano-manchega. Cumple así un compromiso adquirido con los responsables del sector del transporte de la Federación de Empresarios de Toledo, con los que se reunía recientemente en la capital regional.
En dicha reunión, celebrada en la Consejería con el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Viajeros por Carretera de Toledo, Carmelo Casla, el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, el secretario de la Asociación, José Javier Tristán y el coordinador de la Federación Provincial de taxis de Toledo, Javier Raso, la consejera y el director general de Carreteras y Transportes del Gobierno regional, David Merino, se hacían eco de una queja generalizada en el sector del transporte en relación a los sobrecostes de explotación que deben soportar los profesionales en las autopistas o tramos de peaje en relación a los vehículos ligeros.
Elena de la Cruz considera que el transporte de viajeros debería estar sometido, incluso, a un régimen de tarifas inferior al de los turismos, en lugar de ser objeto de un coste añadido. La consejera considera que el rescate de las primeras autopistas en quiebra por parte del Estado “abre una oportunidad a replantear genéricamente las tarifas a la baja para fomentar la diversificación del tráfico” entre las vías de pago y las gratuitas de modo que aquellas “sirvan realmente para el objetivo que las hace socialmente útiles, que es descargar a la red dependiente del Estado”.
En el caso del transporte público, la consejera opina que “merece una política tarifaria especial, puesto que los autobuses restan la afluencia de vehículos particulares y reducen considerablemente la contaminación a partir de una determinada ocupación de usuarios por autocar”. “Si de verdad queremos potenciar el uso del transporte público –continúa la consejera- debemos tomar medidas de estímulo tendentes a su generalización, no a dificultarlo”. La reducción de tarifas en los peajes contribuiría a un mayor uso por parte de las empresas, lo que considera que reduciría en algunos casos el tiempo de viaje, mejorando por tanto el servicio y repercutiendo además en una mayor rentabilidad para las empresas, incluso con posibles impactos en el precio de los billetes.
La situación actual en las seis autopistas de peaje no contribuye a favorecer el paso de autocares por las vías de pago que atraviesan la región o afectan al tráfico de sus autovías paralelas gratuitas. En la R-2, la AP-36 y la AP-41, el sobrecoste que soportan los servicios regulares de viajeros sobre los turismos está en el entorno del 40 por ciento. En la R-3 y la R-5, los precios sobre los vehículos ligeros aumentan aproximadamente un 35 por ciento. La R-4 es donde menor diferencia tarifaria se produce. Los autocares de hasta tres ejes pagan un 14 por ciento más que los turismos en hora punta. Por el contrario, los descuentos por uso continuado utilizando el sistema Vía-T están dirigidos únicamente a vehículos ligeros.
Pocas bonificaciones
Sólo en dos de estas autopistas existen posibilidades de reducción tarifaria destinadas a los autocares. En la AP-41, que enlaza Toledo con la R-5 en las proximidades de Móstoles, la rebaja puede alcanzar una reducción del 10 por ciento para el servicio regular de viajeros previo acuerdo con la empresa concesionaria. En la AP-36, cuyas tarifas están definidas por épocas del año en lugar de por horas, los vehículos pesados se benefician de una equiparación de precios con los ligeros entre lunes y jueves de la temporada media o baja. La concesionaria de esta autopista ofrece reducciones del 10 por ciento por alta ocupación para turismos con tres o más personas a bordo. No hay ningún descuento similar para el transporte público.
Para Elena de la Cruz, estas políticas de precios no sólo son dispares entre sí, sino que no reflejan en ningún caso una “verdadera voluntad desde la Administración de estimular con incentivos el transporte público”, modalidad que “puede contribuir fácilmente a reducir la emisión de CO2 a menos de la mitad y evita la saturación de las carreteras que se produce a causa del uso intensivo del coche privado”. Además, apunta que “las cuentas de estas autopistas no son deficitarias porque paguen más o menos los autobuses”.
En la misiva al director general del Ministerio, la Consejería de Fomento le recuerda la solicitud del Gobierno de Castilla-La Mancha al Estado en relación a la liberación total de peajes en algunos tramos que discurren por la región y que podrían sustituir, al menos temporalmente, a infraestructuras pendientes de ejecución que están previstas en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del Estado. Se trata del tramo de la R-2 entre Cabanillas del Campo y Guadalajara Norte, mientras el Gobierno de España determina la procedencia de construir la variante Sur de la capital alcarreña recogida en el PITVI, o la conexión de la A-40 entre Toledo y Ocaña a través de la R-4.
Además de esta cuestión, la consejera ha analizado en su encuentro con los transportistas toledanos otros asuntos de interés para el sector, como las nuevas concesiones zonales que el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha este ejercicio en Albacete, Ciudad Real y Cuenca o la renovación del sistema del Señorío de Molina de Aragón en Guadalajara. De la Cruz se comprometió con sus interlocutores a integrar en los documentos finales las demandas del sector que técnicamente tengan cabida en los futuros pliegos de condiciones, aunque ha advertido que la integración de usos escolares y generales es “inexorable” y que se pondrá en práctica en el medio rural de toda la región de manera paulatina durante los próximos años.
De la Cruz ha cifrado en 14 las zonas que en principio tiene diseñadas la Dirección General de Carreteras y Transportes para toda Castilla-La Mancha y que irá acompasando con la renovación de las rutas estatales, las autonómicas generales y las escolares. La consejera les ha asegurado a los representantes de la patronal del Transporte toledana que la flexibilidad de las rutas y las tarifas asequibles serán dos de las máximas del nuevo sistema para propiciar un aumento en el uso (en los últimos años ha descendido en un 42 por ciento la utilización del transporte público en la región), así como la paulatina recuperación de algunas líneas de ayuda suprimidas por el Gobierno anterior.
