Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) puestas en marcha por el Gobierno regional han conseguido que no se haya ejecutado ninguno de los desahucios sociales que han sido atendidos por la Administración regional a través del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria. 
Así lo ha subrayado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante la firma de los convenios entre el Gobierno regional y los colegios oficiales de notarios y registradores de la propiedad que facilitarán la reclamación de las llamadas cláusulas suelo a los afectados de la región, cifra que podría llegar a las 100.000 personas en la Comunidad Autónoma. Un acto celebrado en el Palacio de Fuensalida en el que también han participado el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha, Fernando Acedo-Rico; su homólogo del Colegio de Notarios de la región, Luis Fernández-Bravo; y la consejera de Fomento, Elena de la Cruz.
El presidente García-Page ha valorado esta ampliación al acuerdo firmado por las tres partes en noviembre de 2016 que supondrá la puesta en marcha de una “red rápida y ligera”, a la par que “lo más humanizada posible”, para dar solución tanto a los afectados por las cláusulas suelo como a las propias entidades financieras y que, además, aliviará la carga de trabajo de la Administración de Justicia.
El presidente regional ha invitado a los potenciales beneficiarios a hacer uso de este convenio, así como de “las oficinas, los especialistas y profesionales” que trabajan en ellas. Un sistema que, ha recordado, está siendo imitado por otras administraciones a la hora de afrontar la problemática de los desahucios y que en Castilla-La Mancha se ha puesto en funcionamiento de una manera “tan discreta como útil”, frente a las “pancartas” o los “eslóganes”.
La mayor factura de la burbuja financiera e inmobiliaria
García-Page ha reflexionado asimismo sobre las consecuencias tanto de la burbuja financiera mundial y sus efectos sobre la economía y la sociedad de nuestro país, como sobre la burbuja inmobiliaria que caracterizó a la economía española hasta mediados de la pasada década. Una situación que no sólo provocó un sobreendeudamiento de la empresa privada sino que, entre otros males, perjudicó con “letra pequeña” a miles de familias.
El presidente regional ha lamentado las consecuencias de la “absoluta desregularización financiera” que, surgida en Estados Unidos, terminó afectando al orden económico internacional y que, en España, supuso que “medio millón de chicos jóvenes se fueron del sistema educativo” a trabajos no cualificados, relacionados sobre todo con la construcción y afines, lo que ha dificultado su reinserción laboral. Una situación que García-Page ha calificado como “la mayor factura que ha pagado España”.
En este sentido, ha reclamado como “gran tarea pendiente de la sociedad internacional” establecer unas reglas del juego “claras, ciertas, previsibles” que propugnen un “orden en el mercado financiero” sin escalas nacionales. Del mismo modo ha defendido como contrapunto a las “soluciones milagro” -caso del ladrillo y la burbuja inmobiliaria-, un modelo económico diversificado y competitivo para afrontar con garantías las próximas décadas.
