La sede de la Cámara de Comercio de Madrid ha albergado la reunión de todas las organizaciones nacionales de taxistas, ante la actual situación que vive el sector en España. El encuentro ha servido para comenzar a acordar el establecimiento acciones contundentes ante las administraciones, entre las que no se descarta un calendario de movilizaciones y paros de ámbito nacional.
Asimismo, los taxistas españoles han consensuado que se coordinarán con el resto de colegas europeos, a través de sus distintas alianzas europeas para que sus acciones sean conjuntas en la medida de lo posible.
La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real (APETC), integrada en FECIR, se suma a todo este tipo de demandas, ya que tanto desde su ámbito provincial como regional, estas peticiones se vienen realizando desde hace tiempo, en defensa de un sector que está siendo gravemente perjudicado.
Dada la inmediatez y gravedad de la situación ante la que se encuentra el sector, con motivo de las diversas desregulaciones a las que se enfrenta en los países de la UE y el intento de privatización de la movilidad y su entrega a multinacionales, las organizaciones nacionales se reunirán de nuevo el próximo día 6 de marzo, para afianzar su hoja de ruta. La misma contemplará la intención de las organizaciones del sector de convocar un congreso nacional de taxistas, en el que tengan cabida todas las entidades relacionadas con el taxi para analizar y buscar soluciones a la problemática que vive actualmente el gremio.
Asimismo, en la citada hoja de ruta se pretende avanzar en la presentación de un proyecto estatal y conjunto de plataforma digital pública y de interés social para la prestación del servicio público de taxi, que complemente de manera universal los actuales canales de recogida de viajeros en la calle, en paradas y mediante emisoras para ofrecer un mejor servicio público de taxi a los usuarios estableciendo nuevos y reforzados canales de oferta del taxi al usuario.
La reunión supone un segundo paso en los avances de las entidades del taxi de toda España para abrir un marco de diálogo de todo el sector, ante la situación que supone la actuación de determinados lobbies de multinacionales que pretenden repartirse y apropiarse del servicio público de taxi, privatizándolo, en un régimen de mercado desregulado.
Los participantes, conscientes de que el futuro se encamina hacia la mayor competitividad del servicio y el uso de aplicaciones móviles globales, han coincidido en que el servicio público de taxi debe buscar fórmulas de oferta común que propicien el refuerzo de las estructuras de comercialización de ámbito local para dar un servicio globalizado de carácter nacional.
Las organizaciones nacionales de taxistas son conscientes de que deben actuar de manera común la supervivencia de la actual estructura empresarial del sector del taxi (98 % autónomos) y sus redes comerciales (radio emisoras y apps de carácter mayoritariamente local). Igualmente se ha profundizado en el análisis socio-económico del Sector del Taxi español participado por más de 70.000 trabajadores autónomos que sustentan 100.000 familias en todo el país y genera unas cifras globales de facturación en torno a los 4.000 millones de euros anuales, de los que más de la mitad van destinados a las arcas públicas.
El servicio público de transporte de viajeros que prestan los taxis, supone un modelo exitoso y de satisfacción general de sus usuarios en las grandes urbes (las quejas no llegan al 0,0006%) y su capilaridad permite que las pequeñas ciudades y el medio rural puedan suplir las carencias del transporte colectivo. Todo ello sin coste de implantación para los ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
De hecho, se echa en falta la presencia y apoyo de las administraciones en estos proyectos de refuerzo del transporte público, lo que evidencia que algunos responsables de las administraciones ya han tomado partido por la privatización del servicio; cosa que el sector del taxi combatirá y denunciará donde haga falta. Pese a que el transporte es un sector estratégico de la economía y que la movilidad urbana es determinante del progreso económico y esencial en asuntos como el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, la realidad nos ha demostrado en los últimos años que no existe una verdadera política para este sector, ni tampoco interés en abordarla con seriedad y rigor por las múltiples Administraciones que concurren en competencias en la materia.
