El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado hoy su convencimiento de que las cláusulas sociales aprobadas por el Consejo de Gobierno están sujetas a derecho y, por ello, espera que esta “nueva amenaza” se resuelva “a favor de los ciudadanos de la región”.
A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa, Ruiz Molina ha destacado que el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page con la instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos es que “la contratación pública también esté al servicio de la recuperación económica y social” y, fundamentalmente, al servicio de aquellos colectivos más vulnerables, como el de las personas con discapacidad.
En este sentido, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que estas cláusulas tienen entre sus objetivos promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentar el empleo de personas en exclusión social y mejorar la protección del medio ambiente.
Ruiz Molina ha explicado que todavía el Gobierno regional desconoce “en qué aspectos” se ha basado la Abogacía del Estado para, a instancias de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra las cláusulas sociales, ya que, de momento, lo único que ha solicitado el TSJCM es que se le entregue una copia del expediente.
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado la interferencia permanente de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, “en todo aquello que puede beneficiar y repercutir en la recuperación social y económica de la región”.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado la celeridad de un Gobierno en funciones para interponer un recurso contra la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, así como la amenaza que lanzó sobre las ofertas de empleo público aprobadas al poner en duda el cálculo de la tasa de reposición, que, finalmente, tuvo que reconocer que era correcto.
