El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado la necesidad de reclamar al Gobierno de España la “deuda histórica” que ha acumulado desde 2012 en la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la región, que “es una inversión social y económica” y un “motor de recuperación”.
Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en su intervención en el debate de la proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en una sesión que ha contado con la presencia en el palco de invitados de representantes del CERMI-CLM, de las asociaciones de residencias de mayores ARTECAM y ACESCAM, del Observatorio Nacional de la Dependencia y de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha.
Aurelia Sánchez ha pedido a los diputados “un acuerdo explícito de todos los grupos políticos de estas Cortes”, como “apuesta firme por las personas dependientes, las familias y los profesionales, con la implicación total de todas las Administraciones y de forma imprescindible de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado”, con el objetivo de “trabajar por y para las personas, trabajar por el bienestar social de Castilla- La Mancha”.
Diez años de Ley de Dependencia
La consejera ha hecho un recorrido por la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, de la que precisamente este mes se cumplen diez años de su entrada en vigor. “Nadie debe tener duda de que el sistema de dependencia ha sido una muy buena idea, quizás sujeta a excesivos vaivenes e incertidumbres, pero a pesar de ello ha alcanzado un tamaño considerable en un periodo relativamente corto, aún muy alejado de países del centro y norte de Europa”, ha señalado la consejera.
Del Sistema de Dependencia ha resaltado la consejera que es “un reto estratégico para un futuro previsible y forma parte de un sector económico de alta generación de empleo y de retornos fiscales”. Como ejemplo, ha recordado que según el Observatorio Estatal de la Dependencia por cada millón de euros destinados a dependencia, se crean 30 puestos de trabajo directos y produce un retorno del 40 por ciento de la inversión.
La consejera ha subrayado que en 2012 el Gobierno de España suprimió el llamado “nivel acordado” y sólo mantuvo el “nivel mínimo” en su aportación al sistema, por lo que de la estimación realizada se calcula que Castilla-La Macha ha dejado de percibir en cinco años unos 353.117.400 euros. Como ejemplo, el presupuesto del Gobierno regional en materia de dependencia en el pasado ejercicio 2016 ascendió a 396 millones de euros y la aportación del Estado fue sólo del 18 por ciento en 2015. Así lo trasladó, el pasado 1 de diciembre, el Gobierno regional al presidente del Senado para que se debata en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en sesión extraordinaria y urgente.
Reforma del sistema de financiación
Respecto a los acuerdos adoptados en la VI Conferencia de Presidentes, la consejera se ha mostrado esperanzada de cara a una futura reforma del sistema de financiación autonómica, que tendrá como “punto de partida” la valoración del coste real y efectivo que supone para cada una de las regiones la prestación de servicios como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, un paso “trascendental, porque a partir de ahora, tendrán un peso específico aspectos tan relevantes para Castilla-La Mancha como la población, la edad, la dispersión o la ruralidad”.
Aurelia Sánchez ha recordado que Castilla-La Mancha, junto a Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, han forzado al Gobierno de España a poner en marcha en un mes, una comisión de expertos para alumbrar un nuevo mecanismo financiero que elabore un nuevo sistema de financiación autonómica para que esté vigente en los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas para el siguiente ejercicio 2018.
Inversión social y económica
La consejera ha concluido señalando que el sistema de dependencia “no es solamente una inversión social, sino también una inversión económica y en su doble vertiente, es un motor de recuperación social y económica”, ya que “en muchos pueblos de Castilla- La Mancha, la residencia de mayores es la mayor empresa de la localidad y da trabajo a un sector clave para fijar población, que son las mujeres y reporta unos beneficios secundarios en los negocios del entorno”, la dependencia es así “fuente de trabajo femenino, no deslocalizable, diverso en sus categorías y con retornos económicos importantes”.
