El director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, considera que la desestimación del recurso de competencias planteado por la Junta de Comunidades en relación al Decreto de Demarcación del Júcar es un “contratiempo” que “puede tener un lado positivo”, ya que desbloquea la causa abierta en el Tribunal Supremo en relación a los Planes Hidrológicos del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana tras el recurso interpuesto contra dichos planes por el Gobierno regional el pasado mes de marzo.
El Tribunal Supremo había diferido la toma en consideración de los recursos de Castilla-La Mancha contra los planes hidrológicos a que el Constitucional se pronunciase sobre este conflicto de competencias. Hace un mes la Junta de Comunidades presentaba un recurso de reposición ante la providencia del Supremo que subordinaba la toma de decisión sobre los Planes Hidrológicos a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la Demarcación del río Júcar. El Ejecutivo autonómico entendía que dicha subordinación podía retrasar el pronunciamiento sobre los planes, sumamente lesivos para los intereses de la región.
Para Antonio Luengo, el Tribunal Constitucional ha resuelto esta cuestión con una “inusitada y sorprendente rapidez” cuya faceta positiva es que ahora el Tribunal Supremo carece de impedimentos para entrar a juzgar los recursos contra los planes hidrológicos. “Nos congratula que la justicia sea rápida”, ha dicho Luengo, quien insiste en que “desde el Gobierno regional no estamos de acuerdo en la inclusión de las cuencas intracomunitarias en la demarcación del Júcar”. No obstante, afirma, “acatamos la sentencia”.
Luengo pide “la misma celeridad al Tribunal Supremo”, cuya sentencia sobre la planificación hidrológica espera que sea “positiva” para Castilla-La Mancha porque “contraviene la Directiva Marco del Agua”. A partir de ahora “entendemos que el Tribunal Supremo deberá levantar la suspensión” que le impedía entrar a considerar esta materia. “Esperamos que se pronuncie respecto a situaciones tan dramáticas como la del Tajo, que incluso se está planteando en Europa”, ha afirmado Luengo, quien tiene “esperanzas fundadas” en que se reconozcan los “derechos inalienables que tenemos en relación al agua, a la riqueza hídrica, para que Castilla-La Mancha tenga un futuro mejor”.
El conflicto de competencias que planteó también el Ejecutivo autonómico pretendía evitar los trasvases internos desde el Júcar en Albacete hasta el Júcar en Levante, posibilidad que recoge y consolida el nuevo Decreto de Demarcación de esta cuenca aprobado por el Ministerio de Agricultura, publicado en los anexos del Decreto 1/2016, que establece la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas.
El Gobierno regional sostenía que la inclusión de estas cuencas intracomunitarias en el ámbito territorial de la demarcación vulneraba el régimen constitucional de reparto competencial. La Junta de Comunidades consideraba además resentida su representación en la Junta de Gobierno y el Consejo de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Uno de los motivos aludidos por el Tribunal Constitucional para la sentencia es que la Comunidad de Castilla-La Mancha carece de legitimación para plantear el conflicto, puesto que pretende impugnar un ámbito territorial fijado en 2013 sin que se manifestara en contra en aquel momento, por lo que el Alto tribunal considera extemporánea la reclamación tres años después.
