La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido aprobada este jueves por consenso de todos los grupos parlamentarios en las Cortes regional, supondrá “un primer hito” en esta materia a la que seguirá una Ley regional en la que se prevean fórmulas de participación ciudadana y de la sociedad civil.
Así lo ha destacado el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en el pleno de las Cortes, en la que ha subrayado que la transparencia no es “un simple concepto retórico o una mera operación de marketing político” sino que debe ser “un firme compromiso de difundir la información pública de forma comprensible, actualizada y reutilizable, para que pueda constituirse en la base de una nueva forma de entender la gestión pública, cercana y abierta a las sugerencias de los ciudadanos, y evaluable por los mismos”.
El vicepresidente regional ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha esperado a la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley para poner en marcha las primeras actuaciones en materia de transparencia y, a modo de ejemplo, ha recordado que el 12 de diciembre de 2015 puso en servicio el Portal de Transparencia dentro de la web corporativa.
Además, el Consejo de Gobierno tomó en conocimiento el Anteproyecto de Ley apenas cuatro meses después de la constitución del actual Gobierno y posteriormente fueron presentadas observaciones por diversas asociaciones, fundaciones, partidos políticos, ciudadanos a título particular. Así, se han recibido sugerencias por parte del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de la Asociación Profesional de las Relaciones Institucionales, y de entidades de la sociedad civil que trabajan por el libre acceso a la información y la transparencia como Acces Info Europa.
Proyecto Ley de Transparencia y Buen Gobierno
El vicepresidente regional que ha recordado algunos aspectos de esta Ley ha explicado que el Titulo establece el objeto de esta ley, así como los principios básicos para la implantación de un código de buen Gobierno y Gobierno abierto o el régimen de garantías y de responsabilidades por los incumplimientos de los deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.
El Título segundo distingue tres niveles de sujeción en el que delimitan los sujetos a quienes incumbe de manera más estricta el cumplimiento de las obligaciones que de la Ley se derivan. También se encuentran los obligados a la publicidad activa en su condición de partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Y por último, se encuentran los sujetos que, sin estar obligados directamente a dar información pública al ciudadano, han de cumplir sus deberes de transparencia a requerimiento de la Administración regional.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno obliga a la publicación de las agendas de trabajo de los titulares de los órganos directivos, de apoyo o asistencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los organismos o entidades de su sector público. También regula el derecho de acceso a la información pública y su reutilización, unificando procedimientos que en la legislación estatal se encuentran en normas diferentes y asimila la condición de alto cargo a todos aquellos que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, con independencia del régimen jurídico aplicable a su relación de servicios.
La Ley también regula los denominados “grupos de interés” y su obligatoriedad de inscribirse en un registro, cuya creación está prevista en la propia Ley.
Para coordinar la implementación de las medidas de transparencia se crea la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, así como el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito a estas Cortes de Castilla-La Mancha, que tendrá como fines esenciales el garantizar los derechos de acceso a la información pública, el velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y el de promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de esta ley.
El vicepresidente regional también ha señalado que desde la entrada en vigor de la Ley se prevé un plazo de seis meses para la aprobación del Código Ético, que ha de regir la actividad de los altos cargos y asimilados, llevar a cabo las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias en el Portal de Transparencia, para adaptar su contenido a las previsiones de la ley; poner en funcionamiento el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno por las Cortes; y para que el Consejo de Gobierno apruebe la norma reglamentaria que regule el registro de los grupos de interés.
Además, se establece un plazo de tres meses desde la vigencia de la ley la Escuela de Administración Regional ha de poner en marcha un plan de formación específico en materia de transparencia, buen gobierno y reutilización de datos abiertos y un plazo de un mes para que los altos cargos y asimilados que vengan ejerciendo sus funciones con anterioridad deberán depositar sus respectivas declaraciones de buen gobierno.
Por último, el vicepresidente regional ha agradecido el trabajo de todas las personas que han participado en la elaboración de esta Ley, así como las aportaciones recibidas por los colectivos y los grupos políticos.
