Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Diecinueve ancianos o sus familiares de los algo más de cuarenta afectados por el cierre de la residencia de la Plaza del Pilar, firmaron un escrito de alegaciones dirigido a la delegada provincial de Bienestar Social, quien, según asegura Rosa Porras Camarena, hija de una de las residentes, habría manifestado su intención de mantener el centro abierto hasta el 30 de septiembre del próximo año.
Los propietarios, señala Porras Camarena, tienen la obligación de notificar el cierre del centro, «y la administración de resolver a favor o en contra, y estableciendo un plazo». Si no hubieran presentado el escrito, que registraron el pasado 5 de diciembre, Bienestar Social «habría aceptado el cierre, archivando el expediente», advierte.
Por otro lado, subraya que, aunque se trate de una empresa privada, «la tutela corresponde a la administración pública, tanto para la apertura de un centro residencial, como en lo referente al control o inspección, e incluso para el cierre».
La sociedad cesará su actividad por la jubilación del administrador único, según se comunicó a los residentes, quienes conocieron después la venta del inmueble, un edificio histórico ubicado centro de Ciudad Real, a una empresa de Tomelloso.
La portavoz de este colectivo ha alabado la «diligencia» de la delgada de Bienestar Social, quien se habría personado en la residencia poco después de recibir el escrito firmado por los afectados. «En principio, ha dicho que va a resolver de manera favorable a los ancianos y que la residencia permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre», comenta Rosa Porras. Los afectados solicitaron un año de plazo en sus alegaciones, confiando en que pudieran concederles seis. Finalmente serán nueve, por lo que están «muy satisfechos». Lo que pretendía la empresa, que los residentes abandonaran el centro en Navidad -aunque luego ampliaron el plazo a enero-, «era un atropello».
En cualquier caso, Porras está convencida de que la empresa recurrirá, «y la última palabra la tendrá Toledo». La parte vendedora, añade, tendría «importantes penalizaciones, según el contrato, de entregar el inmueble en febrero». No obstante, concluye, los responsables de la operación «ya sabían que por medio había un colectivo muy sensible».
