El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Fernando Mora, ha agradecido hoy a los alcaldes de todos los pueblos y ciudades haber contribuido a posibilitar un sistema de convivencia en un régimen democrático fruto de la Constitución española de 1978, así como haber sido “permanente motor de cambio social” durante esta etapa.
Mora así lo ha manifestado durante el acto de homenaje que, con motivo del día de la Constitución, el Ayuntamiento de Camuñas (Toledo) ha organizado a todos los alcaldes del municipio durante la etapa democrática.
El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa ha resaltado que los alcaldes, junto con los concejales y ciudadanos, han cambiado “la faz de los pueblos” y han hecho posible la puesta en marcha de unos servicios públicos de calidad. Por ello, ha enfatizado Mora, deben tener “el reconocimiento de todos”.
“No importa ni el partido ni las ideas con las que se presentaron y gobernaron el pueblo, importa la voluntad, el acierto y las ganas con que lo hicieron para hacer posible que este avanzase y cambiase”, ha subrayado el titular de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Ese cambio que han experimentado la mayor parte de los municipios ha sido también fruto de la Constitución de 1978, ya que tal como ha resaltado Mora, la Carta Magna ha servido para “facilitar el mayor desarrollo que España haya tenido nunca, posibilitando un sistema de convivencia en un régimen democrático”.
Mora ha recordado que es precisamente de la Constitución que hoy cumple su 38 aniversario de la que emana “la elección democrática de los alcaldes y concejales por los vecinos, en un sistema representativo que ha permitido no sólo la convivencia en una comunidad de hombres y mujeres libres, sino posibilitar un sensible cambio en las vidas de las gentes, mejorar los pueblos, crear infraestructuras educativas, sanitarias, culturales o deportivas y atender mejor a los mayores”.
Por otra parte, Mora también se ha referido a la autonomía de la región, que permitió que Castilla-La Mancha se constituyera como una Comunidad Autónoma “capaz de atender, desde la cercanía y la eficacia, las necesidades de sus ciudadanos en colaboración con los ayuntamientos y el resto de instituciones del Estado”.
