El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha solicitado al Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el importe exacto de las entregas a cuenta para 2017, lo que posibilitaría a la Comunidad Autónoma hacer unos presupuestos que se ajusten lo máximo posible a la realidad, tanto desde el punto de vista de los ingresos como del de los gastos.
Tras finalizar esta reunión, que ha estado presidida por la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, Ruiz Molina ha manifestado su “decepción” por este motivo.
“Le he dicho al ministro que esto iba en contra del principio de autonomía financiera, en tanto en cuanto las comunidades autónomas no podemos estar al albur de lo que suceda en la Administración del Estado”, ha explicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el desarrollo de este encuentro entre el Gobierno de España y los ejecutivos regionales.
Entre la información que el Gobierno regional solicita al Ministerio también se encuentra la que afecta al estado de gastos de las comunidades autónomas, como, por ejemplo, la referente a si el Estado tiene intención de subir el sueldo a los empleados públicos, que en ejercicios anteriores ha tenido que conocer por los medios de comunicación.
“Son factores importantes y determinantes” para que desde las comunidades autónomas podamos hacer unos presupuestos lo más ajustados a la realidad, ha incidido Ruiz Molina.
En cuanto a la votación del objetivo de déficit del 0,6% para 2017, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que el “motivo fundamental” por el que Castilla-La Mancha se ha abstenido es porque está “totalmente en desacuerdo con la distribución vertical de los objetivos de déficit entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que no existe proporcionalidad entre el gasto que asume la Administración del Estado y el gasto que asumimos las Comunidades Autónomas, que es fundamentalmente el gasto social”.
Asimismo ha detallado que la región castellano-manchega no podía votar en contra de aumentar una décima, del 0,5 al 0,6% el objetivo de estabilidad presupuestaria, porque ese porcentaje se destinará a aumentar el gasto dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El incremento de una décima supondrá 40 millones de euros para Castilla-La Mancha, que se destinarán a gasto social, fundamentalmente, a priorizar la sanidad pública, ha relatado Ruiz Molina.
En definitiva, el Gobierno regional ha finalizado el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un “sabor agridulce, dado que los ciudadanos van a poder disponer de un mayor gasto para 2017 pero no con toda la información que necesitamos para elaborar unos presupuestos con el rigor que se merecen”.
Por otra parte, el titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que otra asignatura pendiente “muy importante” es “abordar de forma definitiva un nuevo modelo de financiación autonómica”, en el que se fije con claridad la distribución de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas en función de las competencias que cada administración asume.
