El Gobierno regional insiste en que los proyectos de tierras raras son prácticamente inviables en Castilla-La Mancha. Así lo ha reiterado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su comparecencia ante el Pleno de las Cortes regionales para informar sobre el estado de tramitación de las solicitudes de concesión de explotación minera de tierras raras de los proyectos Matamulas Fracción 1, Rematamulas Fracción 1 y Rematamulas Fracción 2, situados entre los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real.
La consejera ha recordado que “el procedimiento relativo a estos proyectos se encuentra en el trámite ambiental”, un trámite que consta de tres fases: una de actuaciones previas, de carácter voluntario para la empresa solicitante, en la que puede pedir a la Administración que redacte un documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental; una fase de presentación del Estudio de Impacto Ambiental y una última fase de evaluación del impacto ambiental”.
En este sentido, Patricia Franco ha indicado que el proyecto acaba de concluir la primera fase, como anunció el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, este martes, tras valorar el Consejo de Gobierno el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por el órgano ambiental, “que establece la existencia de enormes riesgos para la conservación de la biodiversidad de la zona afectada por el desarrollo de los proyectos de tierras raras”.
En este documento, como ha recordado, “el órgano ambiental contempla la posible repercusión que el desarrollo de estos proyectos puede tener en el medio ambiente, el modelo socio económico y la calidad de vida de la ciudadanía de la zona afectada, y la inquietud social que éstos están generando en la provincia de Ciudad Real”, por lo que se ha considerado imprescindible consultar a 22 organismos públicos y 44 colectivos, que han indicado entre otras cosas, “que no existen recursos hídricos en la cuenca del Guadiana para llevar a cabo los proyectos, que éstos afectarían la supervivencia y reintroducción del lince ibérico en el que el Gobierno regional está trabajando intensamente, así como a las poblaciones de águila imperial y real de la comarca, o que la localización de los mismos se encuentra entre dos ZEPAS de protección de aves que nidifican en la zona”.
Por otro lado, también ha indicado que, durante el periodo de consultas previas, se han recibido 7.500 escritos de alegaciones y sugerencias en el registro de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, “que han sido estudiados en profundidad, de modo que muchos han propiciado la realización de nuevas consultas, y todos y cada uno de ellos han sido tenidos en cuenta en la redacción del informe o documento final de alcance citado”.
“Estas circunstancias han dilatado el tiempo de elaboración del documento de alcance”, resultado, además, como ha destacado, “del celo medioambiental de este Gobierno en relación con estos proyectos y a nuestro compromiso por garantizar el bienestar y la calidad de vida de quienes viven en el Campo de Montiel”.
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha subrayado, durante su intervención, que “el Consejo de Gobierno al completo, con el presidente de la región, Emiliano García-Page, a la cabeza, está muy pendiente de la evolución de los acontecimientos en relación con la tramitación de estos proyectos” y que “la postura del Gobierno regional es fruto del exhaustivo trabajo que el órgano ambiental ha llevado a cabo y es la misma que ha manifestado repetidamente desde hace varios meses”.
“El documento de alcance prácticamente imposibilita la minería de tierras raras en el Campo de Montiel”
Patricia Franco ha reiterado que el documento de alcance que hacía público el consejero de Agricultura este martes “prácticamente imposibilita la minería de tierras raras en el Campo de Montiel”, aunque ha recordado ante el Pleno de las Cortes que “estamos ante un procedimiento establecido en la legislación nacional que el Gobierno regional no puede obviar”.
Además la consejera ha recordado que, “en cumplimiento de la resolución del Pleno de estas Cortes en relación al Debate General sobre tierras raras del pasado 19 de mayo, y a pesar de que cada solicitud de concesión de explotación minera tiene vida jurídico-administrativa independiente, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha procedido a realizar un documento de alcance conjunto, entendiendo que las características de los 3 proyectos así lo requieren, para facilitar la agilización administrativa y que las relaciones y sinergias entre ellos sean tenidas en cuenta convenientemente”.
En este proceso, la consejera ha indicado que la empresa Quantum Minería, que ha presentado las solicitudes de explotación minera de tierras raras, “tiene ante sí ahora la posibilidad legal de presentar un Estudio de Impacto Ambiental unificado, para lo que cuenta con un plazo de tres meses”, aunque también ha resaltado que “si las cuestiones sobre las que alerta el documento de alcance no quedaran resueltas en el estudio presentado por la empresa, ello tendrá como consecuencia la declaración de inviabilidad ambiental definitiva de las actuaciones planteadas”.
Una vez presentado este estudio, se llevarán a cabo nuevos trámites de información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, tras las cuales se remitirá la documentación al órgano ambiental para que evalúe y emita una Declaración de Impacto Ambiental única para los tres proyectos, motivada por el documento de alcance conjunto que se ha elaborado.
“La Junta de Comunidades está llevando a cabo un procedimiento reglado basado en normativa básica estatal”
En su intervención la consejera también ha querido resaltar que “la Junta de Comunidades está llevando a cabo un procedimiento reglado basado en normativa básica estatal”, pues, como ha señalado, “de no seguir las fases establecidas en el procedimiento, la Administración incurriría en un incumplimiento legal”. En este punto, además, ha indicado que “el Gobierno regional está actuando con absoluta transparencia en la tramitación de estos proyectos” y que “todos los requerimientos de información y de comparecencia han sido convenientemente atendidos”. Además, ha recordado que “la información ambiental de los proyectos está disponible en el portal web de expedientes medioambientales NEVIA de la Junta, sin necesidad de que se solicite expresamente”.
Patricia Franco ha querido dejar claro que “el Gobierno regional no ha estado nunca ni está en contra del Campo de Montiel y resto de municipios afectados por los proyectos de minería de tierras raras, sino más bien todo lo contrario”. En este sentido, ha detallado que el Ejecutivo, desde que asumió la responsabilidad de gobierno “está trabajando por el desarrollo socio económico de la zona, donde la inversión pública realizada en políticas activas de empleo es de más de 5,5 millones de euros, que están beneficiando a cerca de 1.800 personas”.
Además, ha informado que más de 30 empresas realizarán una inversión económica cercana a los 3,5 millones de euros, para lo que se les ha concedido una subvención con el Plan Adelante de cerca de 900.000 euros; que el Gobierno está trabajando en un Plan de Inversión Territorial Integrada, anunciado por el presidente García-Page el pasado mes de abril, “que permita concentrar esfuerzos en la zona, fomentando el tejido empresarial e impulsando su desarrollo económico” y, por último, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, “estamos apoyando la candidatura “Patrimonio Mixto Cultural y Natural del Campo de Montiel” como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”.
Por todo ello, la consejera ha pedido responsabilidad a los miembros del Pleno de las Cortes, “no alarmando más innecesariamente a la población”, pues, como ha sentenciado, “el Gobierno de Castilla-La Mancha está del lado de la ciudadanía, del lado del Campo de Montiel y de su desarrollo sostenible económica y medioambientalmente, algo que hemos dicho por activa y por pasiva”.
En esta línea, ha concluido su intervención pidiendo “paciencia y respeto por las fases del procedimiento establecidas en la normativa, pues la declaración de impacto ambiental no se producirá hasta que la empresa no presente el Estudio de Impacto Ambiental y, por lo tanto, no se puede archivar algo que no ha comenzado”, antes de insistir en que “el documento de alcance establece las líneas rojas que no permitirán que Torrenueva y Torre de Juan Abad tengan que acoger proyectos de explotación minera que supongan un riesgo para el abastecimiento y calidad de su agua; para la salud de sus habitantes; para la fauna, el paisaje y el patrimonio natural, ni para la agricultura y el desarrollo económico de la zona”.
Como ha aseverado finalmente, “el respeto al procedimiento es la garantía de la preservación de la calidad de vida y posibilidades de desarrollo sostenible de la zona afectada por el desarrollo de estos proyectos. Pueden estar seguros de que el Gobierno de Castilla-La Mancha nunca tomará una decisión en contra del interés general, de la comarca del Campo de Montiel, ni de las personas que la conforman”.
