Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM.- La percepción de los gestores empresariales pone de manifiesto que, aunque el ejercicio 2016 se va a cerrar con buenas sensaciones ya que la previsión de crecimiento se sitúa en el entorno del 3,2%, debido al buen comportamiento de la economía en la primera parte del año, se comienza a detectar el agotamiento de los 
factores que hasta ahora han actuado como principales impulsores de la actividad económica, a saber, la inflación en tasas negativas, la reforma fiscal, los tipos de interés en mínimos históricos y la mejora de los créditos a familias y empresas.
Es por ello que los empresarios consideran como posible una desaceleración de la actividad económica por cuanto existen otros riesgos adicionales como el posible impacto negativo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) cuyo formato de negociación está por decidir y que puede ir desde una salida razonable y negociada hasta una ruptura de imprevisibles consecuencias. Sin olvidar el repunte de los precios de los hidrocarburos, el ajuste previsto para cumplir con la nueva senda de reducción del déficit pactada con la Comisión Europea y la prolongación de la incertidumbre política que nos puede conducir a unas terceras elecciones en el plazo de un año con un Gobierno en funciones con escaso margen de maniobra en lo económico y social. No obstante, este horizonte se aleja debido a la decisión del Comité Federal del Partido Socialista de confirmar la abstención en la investidura del Presidente del Gobierno, lo cual no es una garantía de estabilidad institucional si no se consensuan y se ejecutan determinadas líneas maestras de la política económica y social.
El buen comportamiento del sector exterior está permitiendo que el menor avance de la demanda interna todavía no se vea reflejado aún en la ralentización del PIB. No es, pues, descartable una desaceleración de la economía española, que podría verse agravada sin un programa fiscal y presupuestario ajustado a las exigencias de las UE y cuyas perspectivas no son halagüeñas teniendo en cuenta que deberán prorrogarse unos presupuestos para 2016 poco realistas, ya tramitados por trámite de urgencia en 2015, y que serían aplicados en 2017 en un contexto económico y presupuestario radicalmente diferente. La necesidad de consenso en la política fiscal y presupuestaria como elemento clave de la estabilidad económica adquiere en estos momentos máxima dimensión y no debe convertirse en campo de batalla política entre partidos sobre el cual pasar facturas y dirimir diferencias de carácter accesorio, ante la necesidad de consolidar recuperación económica, empleo y bienestar de los españoles.
