La red de seis Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que el Gobierno de Castilla-La Mancha creaba hace ahora un año con la firma del presidente, Emiliano García-Page, y los colegios de Abogados y Trabajadores Sociales que participan en el programa, ha evitado una media de tres desahucios mensuales y ha atendido a 1.100 afectados por el riesgo de perder su vivienda.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, realizaba hoy balance de esta primera etapa, tras incorporar durante las últimas semanas importantes novedades en el ánimo del Ejecutivo castellano-manchego de aumentar los servicios y el margen de maniobra de las oficinas.
Con dos nuevos lanzamientos impedidos en los últimos días para un total de 38 durante los últimos doce meses, las seis oficinas de la Junta de Comunidades han cumplido “de manera muy satisfactoria” su función, “porque se han implicado en una atención personal, cara a cara” ha dicho De la Cruz, quien ha felicitado a los trabajadores asignados a ellas y a todo el personal de los servicios periféricos de Vivienda de la Junta por “dar una respuesta integral” que no sólo comprende la solución en la amenaza por la pérdida del hogar, sino orientando a quienes han requerido la atención de las OIH en muchos otros aspectos, como la tramitación de ayudas sociales.
Con un total de 1.121 personas o familias atendidas en riesgo de pérdida de su hogar, el perfil habitual (alrededor de la mitad) es el de familia con hijos menores a su cargo que subsisten sin ingresos fijos o con una renta mensual de 426 euros con los que tienen que pagar la hipoteca y la manutención familiar. La situación de desempleo en todos los miembros del hogar está, por tanto, presente en un 50% de quienes recurren a las OIH. Los colectivos de parados con subsidio de desempleo y trabajadores por cuenta ajena les siguen porcentualmente. La mayoría de las personas atendidas proceden del ámbito urbano y se encuentran en el grupo de edad entre los 40 y los 60 años.
“Hablamos -ha dicho la consejera- de quienes son la cara humana de la crisis, que son para quienes trabajamos cada día y para quienes estamos haciendo este esfuerzo en materia de vivienda”, ha afirmado, subrayando que el presidente García-Page “nos pidió un giro, un giro sensible para ayudar a quienes han sufrido la crisis en lo que fuera necesario”.
El balance estadístico de control de las oficinas concluye que son las mujeres las que por regla general suelen acudir a las oficinas a manifestar el problema real o previsto en el pago de la hipoteca y que son los servicios sociales municipales, los medios de comunicación o amigos y familiares quienes les informan de la existencia de este recurso.
Las demandas más comunes formuladas por los solicitantes se refieren a la reestructuración de la deuda hipotecaria, el asesoramiento jurídico ante procesos ya iniciados, la necesidad urgente de negociar una dación en pago, la obtención de moratorias de lanzamiento ya fijadas, la solicitud de intermediación bancaria, la consecución de un alquiler social para no incurrir en impagos de cuotas o la revisión de cláusulas abusivas en los contratos.
En cuanto a las líneas de actuación, 43 de los expedientes abiertos han requerido información, 39 intervención social, 112 asesoramiento jurídico y 316 alguna clase de intermediación. Unidos suman 510 de los 1.121 casos atendidos. El resto lo componen consultas preventivas de personas en riesgo potencial o resolución de dudas legales, de procedimiento o de recursos públicos a su alcance.
Uno de los logros de las OIH ha sido el de hacer más fluidas las relaciones entre los afectados y las entidades bancarias, habiendo observado los responsables del programa con el transcurso de los meses una disminución importante del tiempo de respuesta ante las posibles negociaciones que les son planteadas desde las oficinas.
La consejera también ha destacado la especialización en derechos sobre la vivienda a través de cursos que se está llevando a cabo a través de los colegios profesionales que participan en el programa, ya que considera que tiene un efecto multiplicador en el objetivo de ayudar a que las personas con problemas no sean desalojadas de sus hogares.
