Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de las administraciones públicas al aprobar una instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, con importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
La instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y presentada posteriormente en rueda de prensa por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha destacado que la misma supone establecer un criterio homogéneo y común para la aplicación de este tipo de cláusulas “en toda la contratación pública y en todos los aspectos que regulan el proceso de adjudicación y ejecución de los contratos públicos”.
Se trata, por tanto, ha añadido Ruiz Molina, de una medida que tendrá un gran impacto económico y social en Castilla-La Mancha, dado que la Administración regional es la principal empresa castellano-manchega, tanto por su propia actividad, que supone aproximadamente una cuarta parte del PIB regional, como por el número de empleados que tiene a su cargo, y, por lo tanto, todo aquello que se haga “en beneficio de la sociedad repercutirá de manera importante con un efecto multiplicador”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que el Ejecutivo regional considera que la contratación pública debe tener como prioridad conseguir objetivos sociales, de igualdad de género o ambientales, ya que los contratos públicos no constituyen únicamente un medio para abastecerse de materias primas o servicios en condiciones económicas ventajosas, sino que, a través de la contratación la Administración regional puede intervenir de manera directa en mejorar la protección del medio ambiente, “promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social”.
Estos, ha indicado, “son algunos de los objetivos que se pretenden con estas instrucciones, que no dejan de ser un escalón más en la recuperación económica y social emprendida hace quince meses” por el Gobierno de Emiliano García-Page.
Esta instrucción será de aplicación a los contratos que celebre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y el resto de entes y entidades que integran el sector público regional, quedando excluidos del ámbito de aplicación aquellos realizados a través de la adhesión al sistema de contratación centralizada de otras administraciones públicas y los contratos menores.
La administración regional podrá resolver los contratos por incumplimiento de las cláusulas sociales
Entre las novedades importantes que incorpora esta instrucción, Ruiz Molina ha mencionado que el incumplimiento de algunas de las cláusulas sociales, ya sea en la ejecución del contrato o en las diferentes fases de adjudicación, facultará a la Administración regional a resolver el contrato o a imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria.
En este sentido, Ruiz Molina ha explicado que desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se va a “supervisar que los contratos que se ejecutan en la administración, con un carácter trimestral, se adecúan a las instrucciones” que se han aprobado en el Consejo de Gobierno.
Así, la instrucción establece como causa específica de resolución de un contrato el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses. “A partir de este momento, si una empresa deja de pagar el salario a los trabajadores en un contrato de la administración será causa de resolución”, ha subrayado Ruiz Molina.
Entre las causas de resolución de un contrato, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha mencionado que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social”.
La aprobación de las cláusulas sociales permitirá que la contratación pública sea un instrumento para lograr una sociedad más justa y solidaria
La instrucción establece una serie de cláusulas sociales de obligatoria inclusión para todos los contratos, entre las que Ruiz Molina ha mencionado como novedades la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, que en la adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación los pliegos de prescripciones técnicas garanticen que los productos o servicios son accesibles también para las personas con discapacidad y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista.
También será obligatorio que en los contratos en los que el componente económico fundamental sea el coste de la mano de obra los órganos de contratación a la hora de fijar el presupuesto máximo de licitación tengan en cuenta todos los costes salariales según el convenio colectivo vigente.
Habrá otra serie de cláusulas sociales que serán obligatorias en función del tipo de contrato. En este segundo grupo, Ruiz Molina ha destacado como novedades que la empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta a la Seguridad Social de los trabajadores, garantizar durante la vigencia del contrato la igualdad entre hombres y mujeres, adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género, así como establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.
Otra novedad será que en las nuevas contrataciones de personal durante la ejecución del contrato se deberá hacer respetar la normativa que en materia de empleo establece los colectivos prioritarios, es decir, se debe contratar a las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.
En relación con la subrogación, se establece que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, será obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos.
Ruiz Molina ha precisado que las cláusulas de carácter laboral se van a introducir también en el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, en el que el Gobierno regional está trabajando con los representantes de los trabajadores.
Por último, hay un tercer tipo de cláusulas, que son de carácter voluntario y que varían en función de cada contrato, entre las que se encuentran la reutilización o reciclaje de envases y productos usados, su correcta eliminación a través del gestor autorizado y la recogida selectiva de residuos.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado la rueda de prensa subrayando que la instrucción recoge la necesidad de reservar determinados contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. Este mandato ya se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de este año y en este momento la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando con la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo para determinar qué actividades de las desarrolladas por la administración regional pueden ser ejecutadas por centros especiales de empleo.
