La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, el director corporativo de la Territorial en Castilla-La Mancha de Bankia, Joaquín Holgado, y el director de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la entidad, David Menéndez, han firmado en la mañana de hoy un convenio por el que la entidad bancaria pone a disposición de la Junta de Comunidades 19 viviendas que se destinarán a alquiler social en el seno del Programa de Intermediación Hipotecaria del Gobierno regional.
El acuerdo ha sido definido por la consejera como “el primer paso” de otros en los que viene trabajando la Dirección General de Urbanismo y Vivienda a través de los cuales el Gobierno que preside Emiliano García-Page trata de implicar a los bancos en una amplia colaboración para atender las necesidades de vivienda de personas “especialmente vulnerables” a precios asequibles. “Tenemos la voluntad de ampliar los recursos habitacionales”, ha dicho la consejera, quien ha calificado el acuerdo como “muy positivo”, además de constituir un peldaño más en la intención del Ejecutivo autonómico “para poner punto y final al drama de los desahucios”.
A través del convenio, Bankia destinará esta bolsa residencial a personas con especial vulnerabilidad y que determinarán las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, prioritariamente a colectivos como personas dependientes o discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género, familias en riesgo de exclusión social, monoparentales con hijos y familias con hijos menores de tres años a su cargo, así como personas en situación de desempleo que hayan agotado las prestaciones, personas mayores que sustenten con su pensión a la unidad familiar. Las cuotas de alquiler, que gestionará Bankia, se determinarán en cada caso en función de la situación, no pudiendo superar en ningún caso el 30 % de los ingresos.
Este primer grupo de viviendas objeto del convenio están ubicadas en Albacete, Toledo y Tomelloso, aquellas áreas donde la implantación de Bankia es más notoria y donde su parque residencial es mayor, según ha declarado Joaquín Holgado. No obstante, ha revelado que la intención de la entidad es aumentar las unidades asignadas al convenio mediante futuras adendas para que las personas en riesgo de exclusión residencial cuenten “con un recurso habitacional digno y alternativo” y “con unas rentas moderadas”.
El acuerdo, que es renovable tácitamente cada año, establece la creación de una comisión mixta de seguimiento que se reunirá al menos una vez por semestre y que resolverá cualquier incidencia que pudiera surgir en su aplicación práctica.
Giro de 180 grados
Para Elena de la Cruz, que ha destacado la importancia del convenio por tratarse del primero de esta naturaleza que suscribe la Comunidad Autónoma, desde el Gobierno que preside Emiliano García-Page “hemos dado en sólo 15 meses un cambio total, un giro de 180 grados” a las políticas de vivienda, con un enfoque marcadamente social que gravita sobre las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) y que desde esta misma semana han incorporado actuaciones para familias con problemas para pagar los alquileres y no solamente con dificultades para hacer frente a las hipotecas como sucedía hasta ahora.
En relación a las OIH, la consejera ha recordado que esta misma semana se han suscrito otros acuerdos con entidades bancarias para su incorporación al Programa de Intermediación Hipotecaria y se han aprobado las nuevas bases de ayudas al alquiler, con una aportación para 2017 de 4,3 millones de euros de fondos propios de la Junta de Comunidades que se aumentarán con la asignación del Ministerio de Fomento, una vez prorrogue oficialmente el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que se extingue este año. La Consejería espera aproximarse a las 4.200 ayudas que se otorgaron el pasado mes de febrero y que duplicaron en fondos (6 millones de euros) los 3,3 millones con que se saldó la convocatoria de 2014.
La consejera también ha subrayado que desde la formación del nuevo Ejecutivo regional, tanto la Dirección General de la que es responsable José Antonio Carrillo como la empresa pública Gicaman, que preside Javier Barrado, han gestionado más de 500 operaciones entre reformas y asignaciones del parque público de vivienda en alquiler.
