El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado hoy que Castilla-La Mancha está “totalmente en desacuerdo” con las cifras de las entregas a cuenta para 2017 que ha comunicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la región, ya que suponen “una congelación respecto a las de 2016”.
A preguntas de los medios de comunicación antes de participar en el acto institucional de celebración del día de la Guardia Civil, Ruiz Molina ha destacado que ya le trasladó al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que el Ministerio debería comunicar a las Comunidades Autónomas unas cifras actualizadas, “de acuerdo con las previsiones de ingresos del ejercicio de 2017”.
Sin embargo, ha indicado, las cifras trasladadas suponen una congelación respecto a las de 2016 y lo que no puede ocurrir es que las Comunidades Autónomas sean “las pagadoras de la situación política que existe a nivel nacional”.
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que las Comunidades Autónomas necesitan conocer “con exactitud los ingresos” de los que van a disponer para 2017 para que así puedan elaborar los presupuestos de ese ejercicio “con el mayor rigor”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también se ha manifestado, a preguntas de los periodistas, sobre los posibles ajustes que debería llevar a cabo España para cumplir con el objetivo de déficit para 2017, asunto sobre el que ha indicado que, de ser así, espera que se exijan a la Administración del Estado.
Asimismo ha añadido que, en consecuencia, espera que en la distribución de la nueva senda de los objetivos de déficit “se exija más a la Administración del Estado que a las Comunidades Autónomas”, ya que son las regiones las que soportan “el grueso del gasto de carácter social de los ciudadanos de este país”.
Por último, también se ha referido Ruiz Molina a la aprobación ayer, por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía, de la jornada de 35 horas semanales para sus empleados públicos, una norma con la que, en su opinión, lo que hace Andalucía es “reclamar y poner en valor el principio de autonomía competencial y subrayar que no puede ocurrir que sea el Estado el que regule la jornada laboral de los funcionarios de todas las Comunidades Autónomas”.
En definitiva, ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, es “un nuevo intento por parte de otro Gobierno autonómico para forzar que el Estado, no el Tribunal Constitucional, cambie la normativa, al objeto de que seamos las Comunidades Autónomas las que podamos establecer la jornada que consideramos más apropiada para los empleados públicos de cada Comunidad Autónoma”.
