El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado hoy, a través de los sindicatos, un mensaje de tranquilidad a los más de 68.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades, a los que ha reiterado que el Ejecutivo regional no despedirá a ningún trabajador como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por el Gobierno en funciones de Rajoy contra la Ley por la que se aprobaba la jornada laboral de 35 horas semanales.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así se lo ha trasladado esta tarde a los sindicatos en la reunión extraordinaria que ha presidido para informarles del fallo del Tribunal Constitucional, que establece con carácter definitivo la jornada semanal de 37,5 horas para los empleados públicos.
En relación con la sentencia, Ruiz Molina ha afirmado que desde el Gobierno regional se acata, aunque no se comparte, y se lamenta “enormemente que una medida que tenía por objeto mejorar la calidad de los servicios públicos, así como conciliar la vida personal y laboral de los empleados públicos, además de generar puestos de trabajo, no se pueda llevar a cabo”.
Tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno de España en funciones y el fallo del Tribunal Constitucional, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que, a partir de este momento, la jornada de los empleados públicos será con carácter definitivo de 37,5 horas, ya que no puede haber “ninguna propuesta ni ninguna actuación que suponga que el Gobierno regional actúe de forma ilegal con este asunto”.
“No hay ninguna alternativa porque lo que hay que hacer es acatar la sentencia”, ha añadido Ruiz Molina, que ha lamentado que Cospedal se haya salido con la suya en relación con la jornada laboral de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, que se aprobó por Ley en las Cortes regionales y que estuvo vigente entre el 1 de enero y el 6 de mayo de este año, cuando el Gobierno en funciones interpuso un recurso de inconstitucionalidad y solicito la suspensión de esta medida, Ruiz Molina ha señalado que se hizo a través de la fórmula que se consideró más conveniente, “que era una ley, porque por ley se impuso en esta Comunidad Autónoma, primeramente por Cospedal y después por Rajoy”.
Asimismo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido compleja desde el punto de vista jurídico, “en la medida en que hay tres votos particulares que apoyan las tesis que mantenía la Junta de Comunidades con el apoyo de los gabinetes jurídicos de los sindicatos”.
