La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha manifestado la necesidad de que se produzca un “cambio de rumbo” radical en las políticas de gestión del agua que está llevando a cabo el Gobierno de España tras el cierre de un año hidrológico que ha tildado de “nefasto” para la región después de una gestión “muy negativa” por no buscar “el equilibrio y el consenso entre los diferentes territorios”.
Con 11 trasvases mensuales aprobados, dos de ellos midiendo los datos con dos meses de antelación, el año hidrológico ha consolidado una cifra de trasvases basada frecuentemente en cuantías de máximos, algo que para el Gobierno castellano-manchego requiere una revisión.
Para la consejera es preciso que se plasme en realidades la negociación multilateral en este sentido mediante “un pacto nacional del agua real y no un pacto regional con Murcia” que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy persiste en escenificar con continuas visitas, reuniones unilaterales y anuncios de “inversiones millonarias que también necesitamos otras regiones, porque la sequía es para todos”. La consejera invita de nuevo al Gobierno de España a abrir un amplio diálogo que acomode y satisfaga a todos los territorios, “y no sólo a unos”.
Elena de la Cruz recuerda que las previsiones de otoño seco son también “para todos”, por lo que exhorta al Gobierno de España a impulsar la desalación de manera permanente y estructural para aportar agua a la agricultura próxima a la costa, a terminar de construir las infraestructuras pendientes que “permitan dejar de esquilmar el Tajo” y a trabajar en la fijación de precios equilibrados definitivos entre el agua del trasvase y el que procede de dulcificar el mar, ya que “los avances de la tecnología solar permite un gran ahorro energético en el funcionamiento de las plantas”. No obstante, considera las últimas inversiones anunciadas en el desarrollo del sistema de desalación como la “única noticia positiva” dentro de la gestión hídrica del Ministerio de Agricultura, aunque espera que el Gobierno continúe apostando por “una generalización de los sistemas alternativos” más allá de la temporalidad de las medidas debidas a la sequía.
A juicio de la responsable de Fomento del Ejecutivo regional, el gran hito del año hidrológico recién terminado ha sido la aprobación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de un informe que supone “un tirón de orejas histórico” a la política hídrica del Gobierno, tras poner de manifiesto la procedencia de un caudal ecológico para el Tajo, así como la necesidad de abrir un amplio diálogo con sectores afectados por el mal estado del río y que incluya al propio Gobierno regional. De la Cruz reprocha al Gobierno de Rajoy que no se haya producido reacción ninguna al informe de los europarlamentarios. “Se han limitado a continuar aprobando trasvase tras trasvase”, indica, sin proponer ninguna alteración en el Segundo Ciclo de Planificación, que ha sido recurrido ante los Tribunales por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.
La consejera indica que mientras no se produzca ese cambio de orientación basado en la modificación de las fuentes prioritarias de provisión de agua y con una equiparación de precios, “continuaremos igual”, explicando que cuando el Gobierno de España ha acudido a Murcia a hablar de “la cantidad de empleos que crea el trasvase no se dan cuenta que salen del Tajo y que también los necesitamos aquí” en múltiples sectores con una alta dependencia de agua para desarrollarse.
Elena de la Cruz anuncia que la batalla jurídica emprendida contra los trasvases del último año por el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará mientras existan resquicios legales que permitan ponerlos en tela de juicio. A lo largo del año, el Ejecutivo ha manifestado en varias ocasiones que para mantener el caudal ecológico del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía deberían almacenar no menos de 800 hectómetros cúbicos de manera permanente, una cifra que prácticamente duplica su nivel actual y que podría obtenerse mediante un incremento significativo de la desalación de agua marina para surtir a la costa y una potenciación del uso de las aguas reutilizadas en las zonas con menor pluviometría.
