A preguntas de los medios informativos, la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se ha pronunciado en la mañana de hoy las medidas excepcionales que el Gobierno de España aprueba hoy en el Consejo de Ministros mediante un nuevo Real Decreto-Ley y la ampliación del Decreto de Sequía.
La consejera ha advertido que los servicios jurídicos de la Agencia del Agua se pondrán a trabajar en cuanto ambas normas se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, algo que ya advirtió el Gobierno de España que sucedería antes de finalizar el mes de septiembre. De la Cruz ha afirmado que desde la Consejería de Fomento “miraremos con lupa” el Decreto-Ley porque aunque la ministra no ofreció detalles ayer sobre algunos aspectos que se prevén problemáticos puesto que suponen “abrir la peligrosa puerta de la cesión de derechos de agua”, como ya sucedió la semana pasada cuando el Gobierno de España confirmaba que se derivarán 11 hectómetros cúbicos adicionales a los trasvases desde el Tajo hasta el Segura a través de esta fórmula.
La consejera considera muy negativo que se empiece a experimentar con la fórmula “del mercadeo” bajo la excusa de la sequía. “No es de recibo”, ha dicho, ya que podría establecer peligrosos precedentes que sumarían las transacciones por el agua de riego a las ya existentes con las concesiones del trasvase. “Vamos a vigilar esas ventas de agua, de derechos que podrían hacer subir el precio del agua” y perjudicar a los regantes, ha afirmado. Elena de la Cruz ha confirmado que la Agencia regional del Agua ya está trabajando sobre la hipótesis de que el Gobierno de Mariano Rajoy llevará a extremos máximos este procedimiento, cuya repercusión sobre el Tajo teme el Ejecutivo regional.
En relación a los anuncios hechos por Tejerina relativos a inversiones en las desaladoras y las conducciones necesarias para ser más productivas y aportar agua al sistema, la consejera de Fomento castellano-manchega ha afirmado que “es el único aspecto positivo” del previsible contenido del Decreto Ley.
No obstante, De la Cruz ha explicado que a Castilla-La Mancha le gustaría que fuesen medidas de producción permanentes y que el agua desalada se emplease de manera estructural en el sistema para reducir la carga sobre el Tajo. “Hablan de desalación cuando no tienen otra manera de sacar agua o de seguir exprimiendo el Tajo. Lo contemplan como un plan B cuando debería ser la principal manera de surtir de agua a los regantes del Levante”.
A su juicio, “el Gobierno de Rajoy abandonó por completo los planes de desalación” al comienzo de la legislatura, por lo que le ha reprochado la tardanza en la toma de medidas para reactivar la red. “Sólo cuando les han tirado de las orejas desde Europa se han puesto a contemplar la desalación”, ha afirmado, mencionando la mella que la corrupción en Acuamed ha podido suponer en el desarrollo de este procedimiento.
A Elena de la Cruz no le parece casual que “cuando desde el Gobierno de Emiliano García-Page hemos empezado a hablar de justicia en el reparto de agua” haya sido “cuando el Gobierno de España se haya puesto las pilas” en el impulso a la desalación. “Es una opción que han empezado a contemplar cuando hemos alzado la voz para reclamar nuestros derechos”, ha indicado.
