El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado hoy que no se dan las condiciones fundamentalmente jurídicas, aunque también políticas, para que el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda presentar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 en los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía.
Según ha indicado en una rueda de prensa celebrada en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la imposibilidad de presentar los presupuestos en el plazo marcado por el Estatuto de Autonomía, es decir, antes del 1 de octubre, se debe a que están sin resolver dos temas de especial relevancia a la hora de elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que ya ha solicitado formalmente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se puedan abordar ambos asuntos: “la financiación que le corresponde a la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2017 y, fundamentalmente, ya que es donde está más el escollo desde el punto de vista jurídico, cuál es el objetivo de déficit para 2016 y 2017”.
Así, ha lamentado que en este momento las Comunidades Autónomas todavía no saben si tienen que cumplir con el objetivo inicialmente previsto, que era del 0,3% del PIB para este año, o con el que se acordó el pasado mes de abril en el CPFF, que era del 0,7%. Igualmente, tampoco se conoce si los presupuestos del año que viene se tienen que elaborar con el objetivo inicial del 0,5% o el del 0,1% del PIB.
A este respecto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que “el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 tiene que ser consecuente y coherente con los objetivos de déficit que estén en vigor porque en caso contrario podría ser impugnado por la Administración del Estado”.
Ruiz Molina ha remarcado que “el Estado tendría potestad para en el periodo de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos poderlo impugnar” si se elabora con un objetivo del déficit para 2017 del 0,5%, el que el Gobierno regional estima como “idóneo”, cuando el que “ahora mismo” el que está “autorizado por las Cortes Generales para 2017 es del 0,1% del PIB”.
Considerando que “el presupuesto es el instrumento fundamental de la acción de gobierno”, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que “no se puede aprobar o tramitar un instrumento de esta naturaleza, donde se decide la distribución del gasto entre las diferentes políticas, sin tener certeza de que lo vamos a poder llevar a cabo”.
Ante esta situación, ha resumido Ruiz Molina, “jurídicamente no se dan las condiciones para que podamos cumplir los plazos que marca el Estatuto de Autonomía porque todavía nadie en la Administración del Estado ha movido ficha, no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las Comunidades Autónomas no saben con qué ingresos van a contar el año que viene y, por otra parte, en este momento estarían vigentes unos objetivos de déficit que no se corresponden con los que estamos trabajando”.
Así, el Gobierno regional ha optado por estar expectante porque “lo importante es tener un presupuesto que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que sea acorde con el derecho” y, en este sentido, “la Ley Orgánica dice que el proyecto de presupuestos debe ser coherente con los objetivos de déficit que en cada momento estén en vigor y, desgraciadamente, los objetivos que jurídicamente están en vigor en este momento son del 0,3% para este ejercicio y del 0,1% del PIB para 2017”.
Por todo ello, ha concluido Ruiz Molina en relación con este asunto, “vamos a seguir esperando hasta que podamos tener una información económica y legal que permita que tramitemos el presupuesto con una mayor tranquilidad “.
El déficit estimado para el mes de agosto es del 0,25%
Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que del análisis de la ejecución presupuestaria de 2016 no se pone de manifiesto la necesidad de que Castilla-La Mancha tenga que adoptar medidas extraordinarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit para este ejercicio, como ha sido el caso de otras Comunidades Autónomas, a las que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha obligado a cerrar el ejercicio presupuestario antes de lo normal.
Esta, ha continuado Ruiz Molina, es la conclusión de la reunión que mantuvo el pasado día 19 de septiembre con representantes de la Administración del Estado, encabezados por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Durante la misma, según ha explicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se contrastaron “las cifras de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos y lo que se pone de manifiesto es que vamos por el buen camino y, por lo tanto, estamos en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit”, que se situará en el 0,3 o el 0,7% del PIB, “ya que se desconoce en este momento cuál es el que hay que cumplir”.
A este respecto, Ruiz Molina ha avanzado que, según los cálculos realizados por los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, el déficit estimado en el mes de agosto, que tiene que ser confirmado por la Intervención General de la Administración del Estado, fue del 0,25%.
En relación con este dato, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de Emiliano García-Page para “reconducir la situación financiera tan negativa que se encontró el año pasado”, ya que el déficit en el mes de agosto ascendía al 0,8%, cuando el objetivo para todo el año era del 0,7%.
Ahora, ha añadido Ruiz Molina, la situación es “acorde con los objetivos de política económica que nos hemos marcado en la Comunidad Autónoma, que, además, son coherentes con los objetivos que nos han impuesto desde el Gobierno del Estado, en tanto en cuanto, son ellos los que distribuyen entre el Estado, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social los diferentes objetivos de déficit”.
