El Gobierno de Castilla-La Mancha defenderá la recuperación de los servicios públicos fundamentales puesta en marcha en esta legislatura de los «ataques» del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. Así lo ha manifestado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa ofrecida en las Cortes regionales, en la que ha anunciado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene intención de interponer un recurso contencioso-administrativo para que Castilla-La Mancha reduzca a la mitad el número de plazas de nuevo ingreso para personal estatutario aprobadas en la Oferta de Empleo Público.
Ante el burofax del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recibido ayer, Ruiz Molina ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha calculó la tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público, que ascendía a 669 plazas de nuevo ingreso para sanidad, de “arreglo a derecho”.
En este sentido Ruiz Molina ha explicado que para el cálculo de la tasa de reposición el Ejecutivo autonómico se ha basado en que “todo aquel estatutario que se marcha del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), cuando se marcha por motivos de concursar en otros servicios de salud, hay que computarlo y que, en consecuencia, forma parte de ese personal que hay que tener en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición”.
Sin embargo, ha señalado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, el Estado considera que no, en lo que ha calificado como un “burdo fallo” del Gobierno en funciones del PP, “en tanto en cuanto los estatutarios no se comportan de la misma manera que los funcionarios, en el sentido de que los funcionarios de una Comunidad Autónoma que concursan en otra Comunidad Autónoma o en el Estado nunca pierde la condición de funcionario de su administración de origen, mientras que los estatutarios sí”.
Ruiz Molina ha indicado al respecto que la discrepancia se encuentra en la confusión del Gobierno del PP en funciones “entre el tratamiento de un funcionario y el tratamiento de un estatutario”, que tienen regímenes diferentes. “Ningún estatutario tiene reserva de plaza en su comunidad de origen cuando se traslada a otra Comunidad Autónoma como consecuencia de un concurso”, ha subrayado.
El titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que el 17 de junio fue la primera vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “con una celeridad que no se corresponde con lo que suele ser lo normal en la Administración del Estado”, pidió información al Gobierno regional sobre este asunto y un mes después volvió a solicitar aclaraciones, que fueron contestadas el 25 de julio.
La siguiente comunicación se produjo ayer, con un burofax en el que se traslada, como ha resaltado el consejero, que “o se reduce la Oferta de Empleo Público de sanidad o se interpondrá un recurso contencioso-administrativo”, que “implicaría reducir la oferta pública de sanidad en el 50%, 349 plazas de las 669 plazas que había previstas de nuevo ingreso en el servicio de salud”.
“En ningún caso el Gobierno va a modificar el acuerdo por el que se aprobaba esa oferta”, ha aclarado Ruiz Molina al respecto.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que esta información será trasladada a los representantes de los trabajadores y que si, finalmente, transcurrido un mes se interpone ese recurso contencioso-administrativo, “los servicios jurídicos alegarán todo lo que consideremos oportuno en defensa de ese acuerdo del Consejo de Gobierno”.
El Ejecutivo de García-Page consolidará la recuperación económica y social de la región
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha enfatizado que el Ejecutivo de García-Page continuará con la recuperación económica y social puesta en marcha en esta región desde el principio de la legislatura, pese a los palos en la rueda que se intentan poner por parte del PP. “Los mismos que destruyeron los servicios públicos son aquellos que no quieren que establezcamos aquellas medidas que los puedan recuperar”.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que el Gobierno de Rajoy en funciones ya interpuso un recurso contra la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales y, además, solicitó la suspensión inmediata de la Ley, lo que supuso que los empleados públicos tuvieron que volver a la jornada laboral que había puesto el PP en Castilla-La Mancha.
Por otra parte, cuando se aprobó la Oferta de Empleo Público de educación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas metió miedo “diciendo que la iban a impugnar”. Finalmente, no lo hicieron, ha destacado, “porque estaba todo sujeto a derecho, aunque generaron intranquilidad a los interinos y desempleados que estaban ya preparando la oposición”.
“Si se había atacado uno de los servicios públicos fundamentales que era la educación, ahora se pretende hacer lo mismo con la sanidad, con unos argumentos que son burdos, en la medida en que nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que se ha actuado en el cálculo de la tasa de reposición con arreglo a derecho. Lo demostramos en educación y lo tendremos que demostrar nuevamente en sanidad”, ha resaltado Ruiz Molina.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que mejorar la calidad de los servicios públicos, dar estabilidad al empleo público para aquellos que trabajan como interinos y generar empleo público son los objetivos de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Ejecutivo de García-Page.
Por tanto, ha añadido hoy es un “día triste para esta región”, ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Rajoy, en lugar de actuar con objetividad se dejan llevar por las indicaciones de Cospedal, y la consecuencia es que se genera “intranquilidad a los opositores”.
