El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha lamentado hoy, en el transcurso del Pleno ordinario que ha celebrado la Corporación provincial, que la «irracional» Regla de Techo de Gasto impuesta por el ministro Montoro impida atender más necesidades en los pueblos de la provincia a pesar de que la institución provincial tiene deuda cero, dinero líquido en el banco e ingresa más de lo que gasta.
Caballero ha explicado que la institución provincial tiene 15 millones de euros de superávit después de haber adelantado 40 millones a los ayuntamientos, por lo que no cree que haya una institución «tan solvente y saneada» en España. «Ingresamos más de lo que gastamos y hay una ley que cumplimos, por lo que vamos a tener que dejar de gastar en inversiones en los pueblos 2.774.000 euros por una ley que es irracional», ha dicho para añadir, a continuación, que nadie entiende que habiendo dinero no se pueda gastar a pesar de «las enormes necesidades» que hay en la provincia.
Se ha referido el presidente de la Diputación, en este sentido, a la realización de obras, a actuaciones vinculadas al suministro de agua, prestaciones de servicios, personas que tienen dificultades para acceder a un trabajo, familias que precisan ayuda urgente porque tienen problemas para alimentarse, etc. Necesidades, todas ellas y algunas más a las que la institución provincial, atendiendo a las manifestaciones de Caballero, podría hacer frente sin necesidad de endeudarse si el Ministerio de Hacienda permitiera gastar el dinero que ingresan.
Ha precisado, asimismo, que cuando elaboraron los Presupuestos de 2016 fueron previsores y reservaron más de 4 millones de euros en un Fondo de Contingencia que precisamente el grupo popular solicitó en sus enmiendas que se gastara y que se acudiera a crédito si era necesario. «Contuvimos ese arrebato gastador del Partido Popular y hoy podemos seguir prestando servicios y atendiendo a los ayuntamientos siendo la Diputación más saneada de España», ha añadido.
El Pleno de la Diputación ha declarado hoy como crédito no disponible 2.774.000 euros a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de cumplir la Regla de Techo de Gasto, más conocida por «Ley Montoro». El Equipo de Gobierno reservará el montante del Fondo de Contingencia de más de 4 millones de euros que habilitó en los Presupuestos de 2016 precisamente para hacer frente a eventualidades como esta. Una realidad que la portavoz de Hacienda, Lidia Molina, entiende como bien gestionada, porque tuvieron la precaución de adelantarse a lo que iba a suceder, y que Miguel Ángel Rodríguez, que ha actuado en este punto, aprobado por la vía de urgencia, como portavoz popular, ha interpretado como que se ha incumplido una obligación legal.
Mientras Molina ha responsabilizado al Gobierno de la nación haciendo historia con cifras de la perniciosa repercusión que tiene en los pueblos y ciudadanos de la provincia la aplicación de la Ley Montoro tratándose de una administración que tiene deuda cero y millones de euros en los bancos, Miguel Ángel Rodríguez se quedaba en el requerimiento puntual del Ministerio de Hacienda, que a su juicio denotaba un incumplimiento, porque el año pasado la Diputación se gastó 111.000 euros más de los que le correspondía.
El Pleno ha aprobado, en otro orden de cosas, una subvención de 10.800 euros para Coordinadora de Asociaciones de Malagón y 4.000 euros para apoyar la Feria Regional del Melón (FERIMEL).
Y en ruegos y preguntas merece mención el formulado por Félix Martín relativo a que la Diputación se esfuerce en lograr una solución a la problemática de los bomberos. Caballero ha cedido la palabra a Julián Nieva, diputado provincial y presidente del SCIS, quien ha hecho una ordenada, detallada y didáctica exposición que ha servido para situar las responsabilidades en el lugar que corresponden. No ha cerrado la puerta al diálogo. De hecho, después del Pleno han celebrado una reunión a puerta cerrada, a la que también ha asistido Caballero, con una delegación de los afectados, pero ha dejado claro que no reside en la presidencia del Consorcio la posibilidad de procurar una solución al problema, sobre todo porque el Juzgado de Instrucción número 1 de lo Contencioso ha sido designado para que vigile el cumplimiento de una sentencia que obliga a que salgan en la oferta pública de empleo 37 plazas que no tienen reserva de consolidación, algo que no se puede imputar a la actual presidencia.
