José María Sanz y Alfonso Tercero (*).- Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando el Gobierno Cospedal otorgó las contratas del Transporte Sanitario Urgente en las cinco provincias de la región en base a unos pliegos de condiciones centrados exclusivamente en el precio, las empresas beneficiadas con las concesiones han destruido más de un centenar de empleos, con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio. Poco a poco, y siempre a instancias de CCOO, se han ido sucediendo sentencias condenatorias de las prácticas empresariales.
Durante la pasada legislatura, las empresas hicieron de su capa un sayo, con el beneplácito de los entonces responsables del SESCAM y también con la complicidad del sindicato más representativo del sector, la UGT, que no tuvo empacho en refrendar con el silencio las peores actuaciones patronales, y aún de propiciarlas con la cobertura del convenio colectivo del sector.
La actitud condescendiente de la Administración y de la UGT contrasta con la acumulación de sentencias judiciales, todas ellas instadas y conseguidas por CCOO, que ponen de relieve –y condenan- la ingente vulneración de derechos en la que han incurrido las empresas, con Ambuibérica-Ciudad Real a la cabeza.
Sería muy prolijo relacionar todas las sentencias condenatorias que han recaído sobre esta empresa, incluidas varias por vulneración de derechos fundamentales. Aunque a nuestro juicio ninguna empresa privada condenada por vulnerar derechos fundamentales debiera tener acceso a contratas de servicios públicos, los anteriores gestores de la Sanidad Pública de CLM hicieron caso omiso, en una muestra más de la dejadez, de la mala gestión y del desinterés por Lo Público y por los derechos laborales y sociales que fueron las señas de identidad del Gobierno Cospedal.
Por el contrario, cabe esperar -y reclamar- de los nuevos responsables del Gobierno de CLM que, a diferencia de sus predecesores, sí tengan muy en cuenta los reiterados pronunciamientos judiciales a la hora de redactar los pliegos que deben regular las próximas adjudicaciones de este servicio fundamental, el del transporte sanitario urgente.
Para redactar los pliegos, deben también los actuales responsables de nuestra Sanidad Pública estar muy atentos al pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la legalidad del III Convenio Colectivo del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, suscrito en julio de 2013 por la patronal y la UGT y contra el que CCOO presentó demanda de impugnación.
En junio de 2015, el TSJ-CLM ya dio la razón a CCOO y anuló el artículo 21.D del convenio, donde se regulaban las denominadas “bases a tres”, un sistema de organización del trabajo que facilitó una parte de los despidos de trabajadores del sector ejecutados por las actuales empresas adjudicatarias de este servicio público.
CCOO valoró aquella sentencia, pero la recurrió en casación ante el Supremo por entender que también debía anularse el apartado B del mismo artículo 21, que dio paso a la implantación de los “dispositivos de localización”, otro mecanismo cuya regulación en el convenio, a nuestro juicio ilegal, ha permitido a las empresas destruir decenas de puestos de trabajo (a la espera de la sentencia del Alto Tribunal, la Fiscalía de la Sección Social del Tribunal Supremo avala la reclamación de CCOO a este respecto).
Hay que decir que comenzamos a apreciar en la UGT un cambio de posición respecto a su nivel de exigencia frente a las empresas. De sabios es rectificar, aunque mucho mal ya está hecho y difícilmente podrá remediarse, para lo que habría que restituir en sus empleos a los despedidos y en sus derechos laborales a todos los trabajadores que los vieron vulnerados, además de compensar (se antoja imposible) a los ciudadanos que durante estos últimos años han sufrido en sus carnes el deterioro del servicio público del Transporte Sanitario Urgente
Los nuevos gestores de la Sanidad Pública de CLM tienen que sacar enseñanzas de todo lo acontecido en este sector a consecuencia de los pliegos impresentables elaborados por sus predecesores y del aún más impresentable beneplácito de la Administración frente a las tropelías de las empresas. La Sanidad Publica no puede priorizar el negocio privado.
(*) José María Sanz es el secretario de Acción Sindical de la FSC-CCOO en CLM, y Alfonso Tercero su responsable en Ciudad Real. En este artículo, instan al Gobierno de CLM a tener muy presentes, al redactar los pliegos para volver a sacar a concurso la gestión del Transporte Sanitario en CLM, los daños causados en los últimos cuatro años por las actuales adjudicatarias del servicio ante la permisividad y complacencia de la anterior Administración; así como los pronunciamientos judiciales condenatorios que ya se han producido -y los que están por llegar.
