Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la UCLM.- La inesperada victoria del Sí a la salida de la UE ha dejado a los europeos sumidos en la incertidumbre,abriendo un periodo de espera y generando dudas sobre la implementación de esta decisión.
La dimisión del primer ministro Cameron abre un periodo de renovación en el Gobierno conservador,a la vez que el partido laborista sufre igualmente las consecuencias del resultado del referéndum,propiciando un cambio de liderazgo. En los próximos meses la cancillerías europeas estarán atentas a los pasos que se vayan dando desde RU para iniciar el proceso de desconexión, y también a las medidas que puedan tomarse desde el propio BCE para paliar los posibles efectos de este resultado en la estabilidad financiera y económica de la Eurozona. Está previsto que en los próximos días, en julio, se haya elegido ya la nueva Primera Ministra británica, a quien corresponderá invocar el Artículo 50 del Tratado de la UE, iniciando un largo e incierto camino de desconexión del ReinoUnido de la UE. Tanto desde el ministerio de economía como desde el Banco de Inglaterra se han anunciado ya medidas de apoyo al sector financiero y empresarial, no descartándose una inminente bajada de tipos ante el empeoramiento de las condiciones económicas y financieras, que están afectando a la libre esterlina. La relación comercial entre la Eurozona y la economía británica (segundo socio comercial por detrás de Estados Unidos) será la principal vía de impacto de una salida del Reino Unido de la UE, con efectos evidentes sobre sectores tan importantes para España como el turismo. No obstante, es importante destacar el buen momento y la fortaleza de la demanda interna del Área lo que permite seguir previendo un crecimiento estable en el medio plazo, como así lo confirman la percepción de los gestores de las fundaciones que aumentan su optimismo respecto a oleadas anteriores. En este sentido, el BCE ha reiterado que tiene el compromiso firme de seguir apoyando el crecimiento europeo y las cifras muestran mes a mes que las medidas adoptadas están teniendo efecto directo y sostenido en el crédito y, por ende, en la inversión y el consumo privado de los agentes económicos en España
En España, el mercado laboral sigue mostrando señales positivas. El número de parados registrados bajó en junio hasta 3.767.054 personas, su menor nivel desde septiembre de 2009, después de experimentar un descenso de 124.349 desempleados respecto al mes anterior (-3,2%). Al mismo tiempo, el Banco de España cifró en el +0,7% su primera estimación del crecimiento del segundo trimestre del año. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad están siendo revisadas al alza hasta situarse en el entorno del 3,1% para el conjunto de 2016, dadas las expectativas de consumo e inversión empresarial que se proyectan para el resto del año.
Como elemento importante, ya que estamos en pleno proceso de decisión sobre la posible sanción a España por incumplimiento de déficit asignado, y aunque ya comentado en post anteriornos parece relevante destacar que el pasado mes de mayo se revisó por parte de la UE los objetivos de déficit de la economía española que pasan a ser 3,7% en 2016 (3,6% según el Plan de Estabilidad del Gobierno presentado el pasado mes de abril) y del 2,5% en 2017 (2,9% por el Gobierno)). En cualquier caso, la solución planteada por la UE es parcial y de difícil cumplimiento por parte del Estado Español debido a la situación de partida del déficit a finales del 2015. Si el pasado ejercicio se cerró con un déficit del 5% y el objetivo final de este año es del 3,7%, las exigencias de ajuste serían de 1,4% del PIB, es decir, 14.000 m€ y todo ello en un momento en que se ha ralentizado, cuando no paralizado el esfuerzo fiscal, y se han revertido algunas reformas estructurales claves por inacción o falta de elaboración de sus protocolos de desarrollo. En este sentido la incertidumbre política sigue jugando a la contra después de unas segundas eleccionesque no han contribuido a aclarar demasiado el panorama político español. A ello habría que añadir la cada vez mayor imposibilidad temporal de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que asuman estos compromisos.
Esta situación nos aboca a una penalización por incumplimiento de los procedimientos de ajuste por déficits excesivos de los países de la eurozona. El comportamiento presupuestario de las Administraciones Públicas españolas no puede ser invocado como eximente, por estado de necesidad, ya que se ha incumplido el déficit en 8.500 m€ en 2015 al cerrar el ejercicio con un déficit del 5% en lugar del 4,2% previsto. Ello, en un contexto económico favorable con un crecimiento del 3,2%, petróleo en mínimos y dinero barato por la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo.Al respecto, habría que plantearse varias interrogantes. En primer lugar, ¿es posible la aplicación del proceso de penalización a España desde un punto de vista procesal por incumplimiento de los compromisos de Plan Financiero?. En segundo lugar, ¿es deseable y resuelve problemas la aplicación de la sanción o, por el contrario, ahonda en la herida?.
Respecto al primero, el procedimiento temporal y negociador para desarrollar el expediente sancionador es complejo y excesivamente garantista, lo que le convierte en poco operativo. Respecto al segundo interrogante, es difícilmente comprensible que para resolver el problema del déficit se ahonde en la herida imponiendo una sanción, es decir, mayor déficit por valor de, al menos 2000m€.
