El Gobierno de Castilla-La Mancha lanzará una nueva convocatoria de subvenciones públicas para la contratación de desempleados de larga duración por parte de los ayuntamientos, que servirá de enlace entre la primera convocatoria de ayudas dirigida a entidades locales del Plan Extraordinario por el Empleo, que ya ha proporcionado un contrato de trabajo a más de 12.000 personas, y la continuación de este en 2017.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado a conocer esta nueva línea de ayudas a la que el Ejecutivo destinará 6,6 millones de euros y que incluye importantes novedades para facilitar la contratación por parte de las entidades locales y llegar al mayor número de desempleados posible. El objetivo, ha subrayado, es crear oportunidades de inserción en el mercado laboral a los parados de larga duración “dignificando la vida de estas personas, actualizando sus competencias profesionales y previniendo el riesgo de exclusión social”.
Hernando ha hecho hincapié en que una de las modificaciones más relevantes es que los ayuntamientos podrán destinar un porcentaje máximo del 15 por ciento de las plazas ofertadas a los desempleados que cuenten con un informe favorable de los servicios sociales en el que se acredite la urgencia de su situación y a parados de larga duración que debido a la crisis económica no hayan accedido aún al mercado laboral y, por lo tanto, no hayan generado ningún tipo de protección por desempleo.
Esta nueva convocatoria de ayudas tendrá como destinatarios las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios que presente proyectos de interés general o social en ámbitos como las energías renovables, infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento, medio ambiente, urbanismo, patrimonio histórico-artístico y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
Asimismo, también tendrán cabida proyectos relacionados con las infraestructuras viarias y de mantenimiento para instalaciones de servicios públicos, atención a personas en riesgo de exclusión social, información y promoción turística y cultural, comedores escolares, proyectos dirigidos a facilitar el acogimiento de refugiados y otros proyectos que sean de especial relevancia para la entidad beneficiaria.
Se suprime la aportación de las diputaciones
Otra de las novedades de la presente convocatoria, que según el Ejecutivo autonómico ofrecerá una oportunidad de empleo a 1.500 personas en toda la región, es que se incrementa el importe subvencionable a cargo del Gobierno regional, de tal modo que, según ha subrayado el portavoz, “no se le pide una aportación adicional a las diputaciones”.
Hernando ha explicado que la duración de los contratos no podrá ser inferior a seis meses, aunque “con carácter excepcional y según las necesidades del proyecto”, las entidades podrán solicitar la realización de contratos de duración inferior. En cuanto a la jornada laboral de los contratos que se formalicen, el portavoz ha precisado que éstos deberán ser a jornada completa y nunca podrán exceder la de un trabajador comparable de la entidad contratante.
Podrán beneficiarse de estas contrataciones los desempleados de entre 25 y 65 años, que estén inscritos en las oficinas de empleo de la región en durante al menos 12 meses de los 18 anteriores al registro de la oferta y que hayan agotado cualquier tipo prestación por desempleo y tengan entre 25 y 65 años, edades que –ha remarcado Hernando- “pueden ampliarse por arriba y por abajo para quienes tengan requisitos especiales como cargas familiares, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadores de personas dependientes o desempleados que vivan en una unidad familiar en la que haya alguna persona dependiente y todos los miembros estén en paro”.
En el caso de los autónomos, y para equipararles al colectivo anterior, este periodo se reduce de 24 a 18 meses y sólo se les exigirá haber agotado la prestación por cese de actividad o una prestación contributiva en el momento del registro de la oferta, ha remarcado el portavoz, que también ha señalado que se reducen los requisitos para la contratación de personas discapacitadas, que sólo deberán acreditar no estar ocupadas en la fecha de registro de la oferta.
Respecto a la cuantía de las subvenciones, y con carácter general, los ayuntamientos recibirán una subvención de 4.500 euros por cada contrato temporal efectuado con una duración de al menos seis meses, que será de 4.800 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes. La subvención para los contratos con una duración inferior a seis meses será de 600 euros al mes.
Los ayuntamientos también podrán utilizar los listados de las personas seleccionadas y no contratadas en el proceso selectivo llevado a cabo en la anterior convocatoria “siempre que no haya solicitudes nuevas y los candidatos reúnan los requisitos establecidos”, ha advertido el portavoz. A las entidades locales se les permitirá contratar a las personas que acudan directamente al ayuntamiento, aunque la oficina de empleo deberá comprobar previamente los requisitos para poder participar en el programa.
La convocatoria para la presentación de proyectos se publicará previsiblemente en septiembre y, para agilizar su puesta en marcha, los ayuntamientos beneficiarios recibirán el 75 por ciento de la financiación de los proyectos propuestos y aprobados una vez comuniquen el inicio de éstos, para lo que dispondrán de un plazo de un mes. Hernando ha señalado que los ayuntamientos contarán con un convenio con diversas entidades financieras que servirán de “puente” mientras se hace efectivo el pago.
El portavoz ha recordado, por último, la publicación ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria de subvenciones del programa ‘Garantía +55’, por lo que los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro interesadas en acogerse al mismo disponen de un plazo de veinte días, a contar desde ayer, para presentar proyectos. Las entidades beneficiarias recibirán una subvención de 500 euros mensuales por cada persona desempleada mayor de 55 años que esté percibiendo un subsidio del SEPE de 426 euros y que contraten en proyectos de colaboración social.
El Ejecutivo de Emiliano García-Page destinará a este programa 9,8 millones de euros para los ejercicios 2016 y 2017, con el objetivo de llegar a 3.100 personas.
haber si es verdad por q ya voi camino de siete años parado y de dos sin ninguna prestacion y con una hija gracias