La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha calificado hoy de “verdadero bofetón” a la planificación hidrológica llevada a cabo por el Gobierno de España el informe aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara y que es el resultado de la visita cursada por una delegación de parlamentarios a los ríos Tajo y Ebro a primeros del pasado mes de febrero.
La consejera ha destacado del debate de la tarde de ayer en la Comisión de peticiones la solicitud del presidente de la delegación de europarlamentarios en orden a que no se produjeran enmiendas a un texto que sus propios autores consideran “técnico y equilibrado”. También ha reseñado las “intolerables presiones” que alguno de los parlamentarios europeos ha puesto de relieve desde el sector de regantes de la cuenca del Segura, quienes visitaron Bruselas hace unas semanas en un intento de interferir en la redacción final del informe de la delegación, según la versión que han dado algunos de los diputados europeos.
La falta de un caudal ecológico diferenciado en función de las estaciones, los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua, la defensa de aspectos medio ambientales sobre el negocio del agua y la ausencia de diálogo en la Planificación aprobada por el Gobierno central en funciones con los sectores y comunidades autónomas afectadas son, a juicio de la consejera, los aspectos más duros y relevantes de lo que ha definido como un “varapalo brutal” al segundo ciclo de planificación porque “no está basado en cuestiones legales admisibles”. “Estamos muy satisfechos con este informe”, ha dicho De la Cruz, recalcando que “nos viene a dar la razón”. También ha recalcado que los europarlamentarios piden que se recupere el coste de las infraestructuras, recordando que el agua del trasvase se paga en destino “regalada”, a sólo 9 céntimos el metro cúbico mientras en cabecera se paga cinco veces más cara.
Aguas fecales
En relación al caudal del río, la consejera ha revelado hoy que el Gobierno de España tiene “planes” fundamentados en el Memorándum del Tajo para aportar caudales al río procedentes de “aguas fecales” de Madrid a través del embalse de Finisterre, caudales que en algunos casos se verterían incluso sin depurar. De la Cruz ha afirmado que a partir de la formación de un nuevo Gobierno en España, desde Castilla-La Mancha “vamos a pedir que ese plan B no se lleve a cabo”, considerando que sería un “atentado medioambiental” y una “verdadera barbaridad” porque el río “necesita agua limpia para digerir las aguas depuradas” que recoge en su tramo medio.
El informe de los europarlamentarios, “contundente” según la consejera, debe ser refrendado aún por el Pleno del Parlamento Europeo en una sesión inicialmente fechada para el próximo 13 de julio. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico va a dar traslado de su contenido a las Cortes regionales para su debate en próximas fechas porque “tumba toda la política del Gobierno de Rajoy en materia de planificación”. “Vamos a pedir que se unan todas las fuerzas políticas en la defensa del Tajo”, ha afirmado, aunque ha matizado que ahora mismo “casi todos estamos unidos por el agua”.
La consejera ha expresado su temor de que esta unanimidad en la defensa del Tajo a la luz del informe de los europarlamentarios no se llegue a producir, ya que la actual normativa sobre planificación se “aprobó pensando en intereses electorales” de la cuenca receptora y la “sombra” de la ex presidenta regional “es alargada”.
Preguntada por el hecho de que el informe de los europarlamentarios no mencione explícitamente el problema que genera el trasvase sobre el Tajo, la consejera ha afirmado que esta infraestructura queda en entredicho al hablar el documento de la necesidad de establecer un caudal ecológico en el río y de dotar a la cuenca del Segura de sistemas alternativos de provisión de agua como la desalación, que no se están explotando en todo su potencial.
De la Cruz ha dicho que durante los últimos años se han generado demandas “totalmente artificiales” en la comunidad receptora, tanto turísticas, mediante un urbanismo desaforado, como agrícolas, legalizando regadíos irregulares, y posteriormente se ha establecido una normativa para satisfacción de esta demanda. “Se ha generado de una manera totalmente inconsciente sin tener en cuenta los recursos hidrológicos de la cuenca sino que simplemente se han limitado a cambiar las leyes” para satisfacer esas nuevas reclamaciones hídricas y “a expulsar de la Comisión de Explotación del Trasvase a Castilla-La Mancha”.
La consejera considera que del informe europeo se trasluce una reprimenda al sureste español por no contemplar previamente a cada desarrollo urbanístico las dotaciones de agua necesarias que exigen las Confederaciones en otros territorios, de manera que “se las tienen que procurar desde otros sistemas”. A su juicio, el déficit de agua de la cuenca del Segura se ha producido por la “nula utilización de medios alternativos” que ha sido capaz de procurar el Gobierno de España desde la empresa Acuamed, “que ha sido la cueva de Alí Babá”, ha afirmado la consejera. También por el abuso sistemático a consecuencia de la proliferación del negocio turístico y agrícola sin control ni previsión de la administración regional murciana durante las últimas dos décadas.
