El Gobierno de Castilla-La Mancha reclamará que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste de prestación de los servicios públicos fundamentales en esta Comunidad Autónoma para que la región obtenga los recursos suficientes para educación, sanidad y servicios sociales.
Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, encabezada por el presidente, Rafael Esteban, y la portavoz, Blanca Fernández.
Con este encuentro finaliza la ronda de contactos que el Ejecutivo castellano-manchego ha mantenido con todos los partidos con representación institucional en la región para fijar los principios generales que Castilla-La Mancha defenderá en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata, ha indicado Ruiz Molina, de no defender una propuesta de Gobierno sino una propuesta de todas las fuerzas políticas, dada la importancia del asunto a discutir.
Además de los recursos suficientes para garantizar la prestación de los servicios sociales, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que se reclamará un “nuevo reparto a nivel vertical entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, en función de las competencias asumidas” por cada parte.
Igualmente, ha continuado Ruiz Molina, el Gobierno regional considera que el modelo de financiación debe ser equitativo desde un punto de vista horizontal, es decir, entre Comunidades Autónomas y convertirse así en “un instrumento de reequilibrio interterritorial, un instrumento de convergencia de renta y riqueza entre todas las comunidades de España”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que el nuevo modelo de financiación autonómica se empezará a negociar una vez constituido el Gobierno de España tras las elecciones generales, ya que es “una de las tareas pendientes y prioritarias porque así lo están demandando las Comunidades Autónomas”, entre ellas, Castilla-La Mancha.
