El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la dirección general de Consumo, ha firmado un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para mejorar la protección de los derechos del consumidor mediante la realización de distintas actividades de información, formación, investigación y fomento de los mecanismos de solución amistosa de litigios.
En este sentido, la UCLM prestará asistencia técnica en la gestión de reclamaciones y denuncias y asesoramiento jurídico en la producción normativa, además de emitir informes y dictámenes y desarrollar estudios e investigaciones en materia de consumo.
Por otra parte, se desarrollarán conjuntamente acciones de formación en el ámbito universitario, así como análisis y ensayos comparativos cuyos resultados serán publicados. También llevarán a cabo proyectos de cooperación institucional e internacional y fomentarán la información y la divulgación en materia de consumo especialmente en entornos digitales.
El convenio, firmado por el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el Rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, recoge también la constitución del Centro de Estudios de Consumo (CESCO), bajo la dirección del catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco, como centro colaborador de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha.
Esta incorporación implica que once investigadores del centro actuarán como árbitros únicos, lo que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes y resolver diferentes problemas de gestión.
La incorporación del CESCO al sistema arbitral de consumo de la región “supone un reconocimiento como centro de investigación del Derecho de Consumo y pone de manifiesto su vocación de servicio a la sociedad’, señalan desde este centro toledano.
El arbitraje de consumo es un procedimiento eficaz de solución de conflictos que no soporta costes económicos y prescinde de la vía judicial. Los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento para las partes y tienen el mismo valor que una sentencia.
