El Gobierno de Castilla- La Mancha ha tramitado 1.064 tarjetas sanitarias a personas que se encuentran en situación irregular en la región, una medida derivada de la Orden puesta en marcha el pasado 9 de febrero con la que el Ejecutivo regional extendía la cobertura de asistencia sanitaria pública a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a las personas extranjeras que residen irregularmente en cualquiera de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Son datos de un informe elaborado por la Consejería de Sanidad que ha conocido el Consejo de Gobierno y del que ha dado cuenta el portavoz regional, Nacho Hernando, quien ha destacado que “con la puesta en marcha de dicha Orden, el Gobierno regional cumplía con el compromiso adquirido para reducir e intentar eliminar las desigualdades en Castilla-La Mancha, proporcionando a este sector de la población especialmente vulnerable una atención sanitaria pública, gratuita y de calidad en las mismas condiciones que al resto de los castellano-manchegos, recuperando así la universalización de la asistencia sanitaria”.
A fecha de 31 de mayo, los solicitantes son ya 1.064 en toda la región de 56 nacionalidades distintas, la mayoritaria Marruecos con 206 solicitudes, seguida de Honduras con 94, Colombia con 93, Paraguay con 81, Nicaragua con 76, Senegal con 55, Venezuela con 54, Nigeria con 43, y Ucrania con 42. Asimismo, por provincias 431 tarjetas corresponden a personas que residen en la provincia de Toledo, 212 en Guadalajara, 168 en Ciudad Real, 156 en Albacete y 97 en Cuenca.
Ley de Transparencia
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado un paso más en la tramitación y posterior aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno con la toma en consideración del anteproyecto de esta norma que situará a Castilla-La Mancha “en la vanguardia de esta materia al ser más ambiciosa y exigente de lo que plantea la legislación básica del Estado al incorporar importantes novedades respecto a ésta”.
De hecho la ley prevé entre otros aspectos, la regularización de los llamados ‘lobbies’ o grupos de interés, obligándoles a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que desempeñan o los encuentros que celebran para tal fin, lo que convertirá a la región en la segunda comunidad autónoma en regular estos grupos.
Asimismo, la norma incorpora la ampliación de la condición de alto cargo a todas aquellas personas con funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, sea cual sea su relación laboral con la administración y que estarán obligados a cumplir un código ético.
Además, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno regulará aspectos básicos relacionados con la publicidad activa, la información pública o el gobierno abierto, establecido además un régimen sancionador por incumplimiento de los deberes y obligaciones que se recogerán en ella.Todo ello con la garantía de la creación de varios órganos de control, que tendrán su base en las llamadas ‘unidades de transparencia’ que serán también las que conformen la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, entre cuyas funciones está impulsar y coordinar la implementación de las medidas que se deriven de esta norma, planificar las que se han de seguir y llevar a cabo un seguimiento de su implantación.
Una novedosa ley que se establece “como el complemento necesario para garantizar la participación ciudadana a que anima nuestra norma estatutaria y su legislación de desarrollo, y al mismo tiempo, adaptar la norma básica estatal a nuestro ámbito territorial”, ha destacado el portavoz del Gobierno.
Acogimiento menores
Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y la entidad Asociación para la Integración del Menor ‘Paideia’ para la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores.
“Gracias a este convenio, se facilita la gestión de 82 plazas en 10 hogares destinados a menores afectados por medidas de protección ubicados en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Ciudad Real y gestionados por la Asociación ‘Paideia’ que posee una acreditada experiencia en la atención individualizada y la protección a menores tutelados, facilitándoles los cuidados precisos para su desarrollo personal” ha detallado Hernando.
La partida presupuestaria de para esta medida es de casi 2,5 millones de euros y está destinada a menores de entre 0 y 18 años que se encuentran en acogimiento residencial por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
