La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido con los miembros de la Mesa de Entidades de Acogida de Menores que atienden en recursos residenciales a unos 405 menores tutelados por el Gobierno regional, con los que ha acordado dar “un nuevo impulso al modelo de recurso residencial de acogida, en interés del menor”.
La Mesa está formada por las entidades que se ocupan de la gestión de los hogares de protección de menores que están bajo la tutela de la Administración regional, que son Asociación Bayco, Asociación Vasija, Asociación Paideia, Asociación DIME, Hogares Marillach, Fundación O´Belén, Hermanos Pavonianos, Aldeas Infantiles, ACCEM, Asociación Colabora y Mensajeros de la Paz.
En la reunión han manifestado a la consejera diversas cuestiones relativas al nuevo Decreto 16/2016, de 26/04/2016, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores y han ofrecido su colaboración a la hora de buscar las vías más adecuadas de colaboración con la Administración regional.
Importancia del Tercer Sector
Por su parte, la consejera ha destacado la importancia del Tercer Sector, aludiendo a la creación de una Comisión de trabajo para la nueva Ley del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha, y ha anunciado la intención del Gobierno regional de incrementar los niveles de profesionalización del sector y de revisar, con todos los actores implicados, el programa de acogimiento residencial de menores para darle un impulso mediante el diseño de nuevos modelos de recursos y la búsqueda de nuevas alternativas que refuercen la salvaguarda del interés del menor.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene tutelados alrededor de 1.000 menores, de los que 405 se encuentran atendidos por estas entidades mediante acogimiento residencial en hogares de protección. Además, 388 están en acogimiento familiar con familia extensa y 219 en acogimiento familiar con familia ajena, sin fin preadoptivo. Por otro lado, el porcentaje de menores tutelados que retornaron con su familia fue aproximadamente del 40% en 2015.