Más de 68.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han recibido en la nómina del mes de mayo un 25,14% de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y los sindicatos de la función pública.
Los funcionarios, laborales, personal estatutario y personal docente de la Administración regional han cobrado, por tanto, en la nómina del mes pasado, el importe correspondiente al 25,14% de esta paga extraordinaria, que fue suprimida en diciembre de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy a todos los empleados públicos del Estado.
El Gobierno de Castilla-La Mancha alcanzó el pasado mes de febrero en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos un acuerdo para mejorar a lo largo de la legislatura las condiciones retributivas y laborales de todos los empleados públicos de la Junta de Comunidades.
Entre las mejoras incluidas en este acuerdo, en el que también se contempla la recuperación del 3% salarial, del complemento de incapacidad temporal y de los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por antigüedad, se encuentra la devolución del 50% de esta paga extraordinaria que aún quedaba por abonar a los empleados públicos.
Esta devolución, según se recoge en el documento firmado con los sindicatos, se produciría en dos partes, una en el mes siguiente a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016 y otra en el último trimestre del año si la situación económico-financiera y presupuestaria lo permite o, en cualquier caso, en enero de 2017.
Tras la aprobación de los presupuestos para 2016 el pasado 22 de abril en las Cortes regionales, el Ejecutivo de Emiliano García-Page cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos que representan a los empleados públicos, abonando un 25,14% de esta paga extraordinaria en mayo.
Además, el pasado mes de octubre, el Ejecutivo regional pagó otro 26,23% de esta paga extraordinaria pendiente, siendo uno de los primeros Ejecutivos autonómicos en decidir devolver este porcentaje tras el Real Decreto que permitió a cada Administración pública acordar el abono.
La recuperación de los derechos arrebatados a los empleados públicos en la anterior legislatura ha sido una de las prioridades del Gobierno de García-Page, que, entre otros avances, ha readmitido a 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Ejecutivo en 2012, ha aprobado una Oferta de Empleo Público con 1.750 plazas en Educación, Sanidad y Administración General y recuperó la jornada de 35 horas semanales, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno central en funciones.
