Agentes de Policía Nacional, en colaboración con el grupo de Información de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, han detenido a 17 personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa. Según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa, los arrestados utilizaron empresas ficticias para lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social.
La investigación se inició a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real en cuatro empresas utilizadas de manera instrumental, por parte de los administradores únicos, para realizar contrataciones simuladas de varios trabajadores a través de dichas empresas. Se permitía de esa forma el acceso indebido a prestaciones y/o subsidios por desempleo del erario público o la solicitud de ayudas a la Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajadores desempleados en Castilla-La Mancha.
En otras ocasiones estas contrataciones simuladas eran utilizadas para regularizar la situación administrativa en España de los trabajadores extracomunitarios, así como la de sus familiares, a través de la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo.
Estas empresas carecían de cualquier actividad laboral que permitiese la contratación de trabajadores por cuenta ajena y el único propósito del asesor era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Junta de Castilla-La Mancha y a la normativa de regularización de extranjeros en nuestro país.
Su forma de actuar consistía en la captación, por sí mismos o a través de intermediarios, de personas en precaria situación económica en situación de desempleo y que habiendo desarrollado con anterioridad una actividad real en otras empresas no reunían los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones y o subsidios por desempleo.
A estas personas les ofertaban contratos de trabajo que en ningún caso amparaban una relación laboral efectiva, así como la consiguiente alta en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa de que se tratara.
Todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero, que en unas ocasiones abonan en el mismo momento de la formalización del contrato y tramitación del alta en la Seguridad Social, y en otras mediante pagos sucesivos durante el tiempo que dichos trabajadores figuran en situación de alta por el importe de las cuotas que habrían de ingresarse en dicho Organismo, cuotas que no llegan a ser ingresadas al apropiárselas los mismos empresarios o gestores.
Una vez que los supuestos trabajadores reúnen los mínimos periodos de carencia, son dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y poder cobrar de forma fraudulenta prestaciones y/o subsidios por desempleo.
En el caso de ciudadanos extranjeros, estos periodos de alta en la Seguridad Social permiten tanto la solicitud y renovación de sus autorizaciones de residencia, como la obtención de autorizaciones de residencia para reagrupar a sus familiares.
Tras las gestiones realizadas, se confirmó que las empresas investigadas carecían de actividad real para la contratación de trabajadores por cuenta ajena, y que las contrataciones y altas que en ella se realizaban, eran simuladas acordadas entre los administradores únicos de las empresas y los supuestos trabajadores con el fin de que éstos pudiesen acceder a algún tipo de prestación o beneficio no procedente.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos.
